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La entidad denunciante del caso del párking Jaume I, la plataforma Veu Ciutadana, ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona en el que acusa a la Fiscalía de «pasividad» en la investigación de las presuntas irregularidades cometidas durante la infructuosa construcción del aparcamiento que debía situarse en la Part Alta. Este equipamiento, que en un inicio debía costar 3,9 millones y por el que ya se llevan gastados casi treinta, no ha podido ser una realidad y, en breve, el Ayuntamiento convocará un concurso de ideas para determinar qué uso dar al agujero situado frente al Rectorat de la URV.
En el escrito presentado por Veu Ciutadana, al que ha tenido acceso este periódico, la entidad dispara con bala contra el Ministerio Público. «La participación de la Fiscalía de Tarragona en el presente procedimiento brilla por su ausencia», asegura el letrado de la parte denunciante, quien especifica que «en los cuatro años que llevo representante a Veu Ciutadana no he visto ni por asomo en ninguna de las diligencias de investigación en las que he intervenido a ningún miembro del Ministerio Público».
Asimismo, el representante legal de la denunciante del caso añade en su redactado que «en las diligencias en las que no he tomado parte he seguido viendo estupefacto –porque he tenido ocasión de ver las grabaciones en vídeo de las susodichas diligencias, de declaraciones de testigos– cómo una y otra vez nadie de la Fiscalía hacía acto de presencia».
Por todo ello, desde Veu Ciutadana se considera que «en buena lógica, esta actuación por parte del Ministerio Fiscal merece una explicación, habida cuenta de, cuando menos, la desconsideración que la tal supone para los ciudadanos de Tarragona, y que produce una verdadera vergüenza y sonrojo a nuestra entidad», según se indica en el documento presentado hace pocos días ante el juez.
¿Y los políticos?
En el escrito, Veu Ciutadana recuerda que «habiendo transcurrido ya más de ocho años desde que se incoaran las presentes diligencias previas, este juzgado aún no ha imputado a ningún responsable de las decisiones y actuaciones relativas a la construcción del párking Jaume I», por lo que la representación legal de la parte acusatoria reitera la solicitud para que «se imputen a las personas responsables de las decisiones y actuaciones concernientes a la construcción del aparcamiento».
En esta línea, Veu Ciutadana pide al magistrado que impute judicialmente a «los miembros de la mesa de adjudicación que otorgó la concesión a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Jaume I para la construcción del espacio», así como a las personas que «formaron parte de la Comissió de Govern del Ayuntamiento de Tarragona», así como a «los miembros del consejo de administración de la empresa Aparcaments Municipals de Tarragona».
El abogado de la plataforma reitera en el redactado que «me veo en la obligación de reiterar la petición que se realizó en su día, ya que este juzgado ni tan siquiera ha argumentado los motivos por los que no atendió la petición que esta parte realizó hace ya casi cinco años».
La comisión de investigación
En el escrito en el que la entidad solicita la imputación de delitos a varios de los políticos y técnicos que participaron en el proceso administrativo y constructivo del no aparcamiento, se recuerda que «hace ya casi seis años, una comisión de investigación del Ayuntamiento presidida por el propio secretario general también denunció los hechos y las irregularidades».
En este sentido, Veu Ciutadana remarca que en las conclusiones a las que llegó el trabajo realizado por los especialistas de la corporación local se subrayaba que la máxima responsabilidad del desastre fue del consejo de administración de la empresa pública Aparcaments Municipals, «así como de quienes decidieron en el ámbito político».
Finalmente, Veu Ciutadana critica en su escrito que, durante el proceso investigador, «sólo han declarado en el juzgado personas que no son responsables de las decisiones y actuaciones denunciadas, por lo que no pueden responder y dar cuenta del trámite realizado por Aparcaments», por lo que reitera que «es incuestionable que deben pedirse explicaciones a los miembros del consejo de administración de la compañía dependiente de la administración local, que son los políticos.
