Cuando reparar el daño y pedir perdón es mejor que ir a juicio

Mediación para llegar a un acuerdo con la víctima o ir a juicio. Es la disyuntiva que se enfrentan la mayoría de jóvenes menores de edad –en algunos casos no se puede hacer por la tipología delictiva– después de haber cometido un delito. Durante el año pasado, fueron 140 los menores de la demarcación que terminaron el trámite de la mediación, mientras que a nivel de Catalunya se elevó a 1.094.

En mayo de 1990, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya puso en marcha un sistema que era pionero. Se pasó a denominar Programa de Mediació i Reparació Penal. Se trata de un proceso de mediación que tiene como objetivo que las dos partes lleguen a un acuerdo para solucionar el problema que ha ocasionado el delito.

El programa de mediación y reparación es una oportunidad para que el infractor responda preguntas a la víctima y le explique, por ejemplo, por qué delinquió, qué cree que piensan sus padres o qué se puede hacer para reparar el delito. De este modo, el joven puede darse cuenta y responsabilizarse del daño que ha causado.

En la mayoría de casos, el infractor, además de disculparse personalmente con la víctima, termina limpiando un grafiti que ha hecho en la persiana de un local, repara los destrozos causados en un coche, escribe una carta de disculpas, graba un vídeo donde reflexiona sobre las consecuencias de lo que ha hecho o se compromete a asistir a sesiones de tratamiento psicológico para evitar la reincidencia en aquello que desencadenó el delito. Posteriormente, dicha mediación fue recogida en la Ley de Protección Jurídica del Menor, que fue promulgada en el año 2000.

«Cuando la Fiscalía incoa un procedimiento a un menor, siempre intervenimos», asegura David Garreta, coordinador del Equip Tècnic (o de Mediació) de Tarragona. Es el representante del Ministerio quien dice si dicha mediación es viable o no. Quedan fuera aquellos delitos muy graves, como crímenes o violaciones. o un robo con violencia a una persona vulnerable. «El 95 por ciento de los casos son susceptibles de mediación», recalca. Cuando se le pregunta quién es más reacio a llegar a este acuerdo, si la víctima o el autor, asegura que por igual: «Pienso que la sociedad en general está bastante enterada de lo que es la mediación. La gente tiene bastante cultura. En las escuelas también se trabaja la resolución de conflictos sin violencia».

Para iniciar un proceso de mediación, el acusado tiene que manifestar «su responsabilidad plena sobre los hechos, en querer reparar lo hecho y en demostrar su capacidad de resarcir a la víctima». Dicho proceso no funciona, por ejemplo, en hechos que no se pueden terminar de cerrar, como cuando hay una discrepancia muy grande sobre lo ocurrido, o cuando no se puede hacer frente a la responsabilidad civil.

Durante el año pasado, en la demarcación de Tarragona un total de 140 jóvenes accedieron a la mediación. De estos casos, un 78,7 por ciento terminaron con resultado positivo entre ambas partes. En Catalunya, el número de asuntos fueron 1.600, de los cuales 1.335 terminaron el proceso y de ellos 1.094 lo hicieron de forma satisfactoria, lo que representa un 81 por ciento de éxito. De las mediaciones acabadas con acuerdo, un 34,5% lo fueron por delitos contra la propiedad, como hurtos y robos; un 31,5% por delitos de lesiones; un 11%, por delitos contra la libertad, como amenazas y coacciones; y un nueve por delitos contra la seguridad colectiva, tales como conducción sin permiso o bajo los efectos del alcohol. Tres de cada cuatro eran varones.

Actualmente, en Tarragona hay diez programas de mediación en ejecución y 40 pendientes de iniciarse. El retraso se debe al estado de alarma de los últimos meses.

Durante el confinamiento, el servicio de mediación y reparación ha seguido trabajando a través de medios telemáticos, ya sean videollamadas o videoconferencias entre el mediador, el joven y la víctima. En total, el servicio ha finalizado el período con unas 200 mediaciones, de las que 179 han acabado con acuerdo.

En los 30 años del programa, desde el 1 de mayo de 1990 hasta la misma fecha de este, un total de 3.138 menores de la demarcación de Tarragona han finalizado los programas de mediación. Por lo que respecta a las cifras a nivel de Catalunya, 34.450 jóvenes han pasado por este proceso.

La duración

No existe un tiempo medio para un proceso de mediación, «nosotros tenemos que dar una respuesta rápida, no la podemos demorar. Dura el mínimo imprescindible. Normalmente es cuestión de semanas», asegura Garreta.

No siempre existe un contacto directo entre el autor y la víctima: «El encuentro siempre se hace a petición de ella. Hay algunas que no quieren ver al autor pero sí recibir sus disculpas. Estas se hacen llegar en vídeos o en trabajos. En general, la posición de las víctimas es la visión de la mediación como modelo educativo: quiero que aprenda alguna cosa –al autor–, que no vuelva a pasar».

El coordinador del Equip Tècnic señala que incluso los mutirreincidentes de robo son buenos candidatos a la mediación: «A veces, el hecho de pasar por una mediación es un punto de inflexión porque pasa de no ser responsable a que al octavo expediente se confiese autor. Pasa de no controlar su conducta a controlarla desde la voluntad».

David Garreta asegura que cada vez tiene más trabajo con temas relacionados con las redes sociales. Recuerda un caso a raíz de un intercambio de fotos. «El menor reconocía que había pedido estas imágenes, pero no conocía a la víctima, también menor de edad. Esta quiso tener un encuentro, el cual tuvo un fuerte impacto en el acusado». Cuando terminó la sesión, el mediador habló con el joven y este le comentó: «No era consciente que al otro lado hubiera una persona de verdad». «Los menores son nativos digitales y no siempre hacen una separación entre el mundo digital y el real», recalca.

«Es un acuerdo satisfactorio para el autor y la víctima»

El magistrado del Juzgado de Menores se encarga, al final del proceso, de controlar que se esté aplicando la ley
 

A pesar de que en el proceso de mediación el juez de menores no interviene, sí que es el encargado de dar el visto bueno al asunto, recuerda Jesús María del Cacho, magistrado del Juzgado de Menores de Tarragona: «En una mediación, la función del juez es controlar que se esté aplicando la ley». 

Cuando un asunto entra en la Fiscalía de Menores, el Ministerio Público incoa un expediente por los hechos delictivos ocurridos, a la vez que indica al Equip Tècnic que haga la mediación. Si el resultado es negativo, el caso llegará a juicio. Si ha sido posible, el fiscal propondrá al juez el archivo del caso y el magistrado mirará si todo está correcto.

Del Cacho es un gran defensor de la Ley del Menor y también de la mediación: «Es una experiencia muy positiva y que se tendría que exportar a adultos». Añade que la ley está muy avanzada a su tiempo «y que la jurisdicción de adultos tendría que aprender, la tendría que tener como modelo para imitar las ventajas».

Con la mediación, en cierta forma, se consigue también «desjudicializar el tema, apartarlo del juez, con un acuerdo satisfactorio tanto para el autor como para la víctima». Con ello se consigue también «disminuir o minimizar los efectos del delito. Que el menor reflexione o interiorice que lo que ha hecho está mal y aprenda. Es un proceso educativo».

El magistrado asegura que se han dado casos en que el menor ha pasado por una mediación satisfactoria y después ha tenido que ser juzgado por otro caso: «Cuando uno es delincuente, necesita una medida más fuerte, una intervención educativa más importante».