Dan un mes al cámping Trillas para derribar unas obras sin permiso

El Ayuntamiento de Tarragona ha dado un mes de margen al Càmping Trillas para que los responsables de este negocio derriben unas obras que realizaron «sin el pertinente permiso municipal», según revelaron ayer al Diari fuentes del equipo de gobierno.

Así lo aprobó el ejecutivo local durante la última reunión de la Junta de Govern, que se llevó a cabo el pasado viernes. En esta reunión presidida por el alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) se acordó comunicar al negocio la decisión, en base a los informes técnicos elaborados por parte de los servicios de la corporación local.

Un año de tramitación

Según explicaron a este periódico fuentes conocedoras del expediente, los hechos se remontan hasta mediados de 2014, cuando una inspección realizada por parte de los Agents Rurals puso en conocimiento de la administración municipal la construcción de unas obras en terreno no urbanizable realizadas en la parcela propiedad del establecimiento turístico.

Estas intervenciones se centrarían en la rebaja del terreno para adaptar el espacio rural para la instalación de vehículos, especialmente autocaravanas, así como el enchanzamiento de los caminos.

Por ello, cuando el Consistorio recibió la denuncia, inició un expediente de disciplina urbanística para estudiar el caso. Éste, sin embargo, se paralizó temporalmente cuando los técnicos municipales empezaron a estudiar la posibilidad de legalizar la actuación realizada.

Este análisis finalizó el pasado 26 de enero, cuando los informes emitidos por parte de los funcionarios locales determinó la imposibilidad de dar validez o de adaptar las construcciones al planeamiento urbanístico vigente, por lo que la pasada semana el gobierno municipal tomó la decisión de reactivar el proceso e instar a la propiedad del terreno a «restablecer la legalidad» al espacio donde se construyó.

Posible multa

Por ello, el Consistorio notificará al negocio la resolución, a la vez que le advertirá de que, si en un mes, no ha iniciado las obras de deconstrucción, se iniciará un expediente sancionador que supondrá multas que oscilarán entre los 300 y los 3.000 euros.

Estas sanciones económicas se irán acumulando en caso de que los responsables del establecimiento no cumplan con las directrices marcadas por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento.