Denuncian la negación de la beca comedor a 200 hijos de migrantes en Tarragona

El Consell Comercal afirma que este trámite no se puede realizar si los progenitores no disponen de DNI o NIE

17 noviembre 2021 13:21 | Actualizado a 17 noviembre 2021 13:29
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Las Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) han acusado a los consells comarcals y al Departament d'Educació de negar becas comedor a niños de familias de Mataró y Tarragona en situación irregular. Según afirma en un comunicado, hay como mínimo dos consells comarcals que están negando estas ayudas porque los progenitores no disponen de DNI o NIE.

El aFFaC asegura que hay 340 niños en esta situación. La primera de las incidencias la detectó en el Tarragonès en mayo, donde encontró 200 niños que no tenían acceso en la beca comedor porque el procedimiento establecido por el Consell Comarcal exigía el DNI o lo NIE.

El Consell asegura que la Agencia Tributaria así lo exige. Aun así, la aFFaC ha asegurado que la Agencia Tributaria puede dar un NIF alternativo para hacer este tipo de trámites.

Desde hace seis meses, la asociación ha estado mediando con el Consell Comarcal del Tarragonès y el Departament d'Educació para encontrar una solución para estas familias. Ha lamentado pero que no se ha puesto sobre la mesa ninguna alternativa y continúa habiendo 200 estudiantes que reciben un trato "discriminatorio" por parte de la administración pública por ser hijos de migrantes.

En cuanto a Mataró, un grupo de familias afectadas por la misma situación se ha organizado a través del Sindicat d'Habitatge de Mataró  para denunciar el "embudo burocrático" en el que se encuentran. La aFFaC afirma que hay 140 alumnos en esta situación. Ha acusado a la administración de "echar pelotas fuera". En concreto, a la oficina de Serveis Socials porque aseguran que hace falta un informe de vulnerabilidad para poder solicitar la beca sin DNI. La obtención de este informe se puede demorar medio año.

Ante estas dos situaciones, la aFFaC se ha reunido con Educació y con los consells comarcals implicados. En el primer caso, aseguran que les dijeron que no tenían constancia de la situación y en el segundo, "rehuyen responsabilidades y se niegan a establecer circuitos alternativos".

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