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Desalojado un bloque ‘okupado’ desde hacía más de dos años

El arquitecto municipal certificó que el inmueble se encuentra en un estado precario y debe procederse a su derribo debido al peligro que supone. Mientras, se ha tapiado para evitar que entre gente

Àngel Juanpere

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Los ‘okupas’ en el momento de abandonar el bloque el viernes por la tarde. FOTO: Fernando Jiménez

Los ‘okupas’ en el momento de abandonar el bloque el viernes por la tarde. FOTO: Fernando Jiménez

La Guàrdia Urbana hizo efectivo el viernes por la tarde el desalojo de un bloque situado en el número 22 de la calle del Mar, que desde hacía meses estaba okupado. La falta de salubridad y el estado precario del edificio hizo que el Ayuntamiento iniciara un expediente de declaración de ruina. 

La ocupación del inmueble arrancó a mediados del año 2014, cuando el Ayuntamiento instó a los propietarios –dos hermanos y un sobrino– a adaptar las medidas necesarias para evitar que los problemas estructurales pudieran causar algún herido. Todo ello como medida preventiva hasta que se realice el derribo.

Pero cuando los dueños iban a proceder a realizar las medidas protectoras en julio se encontraron con que el edificio había sido ocupado. Ante ello, presentaron una denuncia ante los Mossos d’Esquadra y solicitaron que se procediera al desalojo de dichas personas. La Guàrdia Urbana, al siguiente mes, llevó a cabo una inspección e identificó a las personas que se encontraban en su interior. 

Costaría mucho más su rehabilitación que construir un edificio nuevo

La denuncia de los dueños siguió el trámite en los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona decidió archivar la causa al considerar que los dueños tienen la propiedad pero no su uso, e instándoles a que solicitaran el desalojo por la vía civil.

Los agentes cívicos emitieron un informe el 8 de junio. En el mismo se indicaba que la fachada estaba deteriorada, con riesgo de desprendimiento, y que la red y la estructura que la sujetaba por debajo del balcón estaba más caída. 

Ante este nuevo documento, Disciplina Urbanística del Ayuntamiento citó a todas las partes para que el 27 de junio se pudiera acceder al interior para llevar a cabo una inspección exhaustiva. En la visita, además de los okupas y los dueños, estaban agentes de la Guàrdia Urbana y dos arquitectos –el municipal y uno solicitado por los propietarios–.

El arquitecto municipal constató que había una falta total de salubridad e higiene en el interior de los diferentes pisos. Sobre el estado del edificio –levantado a principios del siglo pasado–, la cubierta presentaba muchos defectos así como grietas y humedades. Ello incide que en caso de un vendaval de mediana intensidad no resistiría. Y su caída podría afectar incluso a los pisos inferiores.

Otro de los problemas encontrados es una deficiencia en la instalación eléctrica. Fue manipulada y no dispone de ningún aparato de protección. Ello puede provocar en cualquier momento un incendio. Y más teniendo en cuenta que en uno de los pisos existe un aparato de aire acondicionado. Por ello, el arquitecto aseguraba la necesidad urgente de desconectar la instalación de la corriente eléctrica.

Su derribo

Dado las deficientes halladas, el arquitecto municipal asegura que la rehabilitación del edificio costaría mucho más que la construcción de uno de nuevo. Además, su restauración no ofrece garantías de habitabilidad ni tampoco de accesibilidad. Por ello, indica que se tenía que proceder al desalojo de las personas que hay en el interior y el tapiado de los espacios para evitar que vuelvan a entrar nuevas personas. Y cuando se tenga la licencia se proceda a su derribo. En parecidos términos se manifestó el arquitecto contratado por los dueños.

El pasado viernes por la tarde, la Guàrdia Urbana hizo efectivo el desalojo. Cuando acudieron los agentes había nueve personas en su interior, que abandonaron los diferentes pisos con normalidad. Posteriormente unos albañiles tapiaron las diferentes entradas para que el edificio no pueda ser ocupado de nuevo.

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