El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
Juegos
Un talonario de recibos del «fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo» en el que se especifica que el Ayuntamiento de L’Albiol entregó 544 pesetas el 3 de abril de 1939. Un expediente que cifra la cantidad que tuvo que ‘ceder’ el consistorio de Castellvell en 5.156 pesetas. Justificantes de envío por parte de las autoridades municipales de Cambrils de «moneda roja»... Y así hasta una cuarentena de documentos relativos a 29 ayuntamientos de la demarcación de Tarragona que demuestran el expolio económico que las autoridades franquistas impusieron a los derrotados en la Guerra Civil.
El 27 de agosto de 1938, cuando la victoria del bando rebelde ya parecía cuestión de tiempo, Franco promulgó un decreto por el cual todas las personas e instituciones de la zona republicana que iba siendo conquistada debían entregar la moneda emitida por la II República tras el 18 de julio de 1936, fecha del golpe de Estado. A cambio, solo recibían un documento que dejaba constancia del dinero entregado, del tipo de moneda y de los datos de la persona o entidad.
Hasta ahora habían salido a la luz multitud de casos de personas que exigían el dinero que se había expoliado a sus padres o abuelos, un dinero que, en muchos casos, era el fruto de los ahorros y que, al ‘esfumarse’, dejaba en la ruina a las familias. Incluso se creó una entidad para reunirlos: la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista.
La novedad radica en que un historiador de Girona, Narcís Castells, ha buceado en archivos de toda Catalunya y ha descubierto documentos en los que consta que era el propio consistorio quien entregaba el dinero. Es decir, no eran fondos de particulares sino ‘municipales’. Son 97 Ayuntamientos (32 en Girona, 29 en Tarragona, 21 en Lleida y 15 en Barcelona). Puede haber muchos más, pero en estos Castells ha hallado constancia documental.
Castells explica que «es la punta del iceberg. En los archivos hay inventarios, fondos, expedientes, talonarios...» del dinero que fue a parar al Banco de España con la mediación en ocasiones de los Ayuntamientos que eran los encargados de recoger el dinero en los pueblos pequeños.
El caso de Barberà de la Conca es paradigmático. En un documento depositado en el Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà hay una relación de 18 vecinos que entregaron un total de 62.259 pesetas. El documento, rubricado por el alcalde el 17 de julio de 1939, «año de la victoria», tiene el sello municipal y dos de la sede reusense del Banco de España.
Esas 62.259 pesetas de 1939 pueden parecer una cantidad nimia, pero, según un estudio elaborado por el doctor en Economía de la Universitat de Girona (UdG) Lluís Planas se elevarían a 866.022 euros actuales.
Planas sostiene que cada peseta de 1939 equivale a 13,91 euros de hoy. Ha utilizado como método de cálculo el mismo que desarrolló en 1996 la ‘Comisión Volcker’, instituida para determinar las compensaciones que los bancos suizos debían entregar a los descendientes de los judíos víctimas del Holocausto por los fondos que éstos habían depositado.
El informe de la UdG es la base de la demanda colectiva que prepara el bufete de abogados de Girona Delso Quintana Advocats. Uno de sus responsables, Toni Quintana, considera que los consistorios lo tienen más fácil que las personas para conseguir una compensación. Pretende que los consistorios que lo crean oportuno se sumen a la reclamación patrimonial que tiene en marcha.
La clave es que el familiar tiene que demostrar que es heredero del expoliado. En cambio, cualquier Ayuntamiento actual sigue teniendo la misma personalidad jurídica que en 1936. Hasta ahora, solo un Ayuntamiento ha emprendido el camino judicial: Sant Julià de Ramis, el mismo donde votó el 1-O de 2017 el entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ahora residente en Bruselas. Diversos consistorios se iban a sumar a la demanda, pero todo quedó paralizado por las elecciones municipales de mayo.
Conseguir la compensación es casi una misión imposible. Tres sentencias del Tribunal Supremo ya han desestimado sendas demandas del despacho de abogados Ilocad, encabezado por Baltasar Garzón, que representaba a grupos de afectados. El Supremo da la razón a los afectados pero cree que la cuestión ha prescrito.
Quintana sostiene que la prescripción es una «excusa» y que otro juez podría cambiar de criterio porque «las incautaciones del dinero son nulas de origen e imprescriptibles por ser un acto de guerra». De ahí que no pierda la esperanza y reclame sobre todo «voluntad política».
¿Qué piensan los Ayuntamientos afectados? El alcalde de L’albiol, Mario Cortés, resume el sentir general: «Podríamos sumarnos a una acción colectiva, no tanto por la reclamación económica sino por una cuestión de reconocimiento histórico».
