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Desestimados 25 recursos contra el POUM

Tan solo falta por resolver el que presentó la empresa CLH, que ahora está en manos del Tribunal Supremo

Núria Riu

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La compañía CLH aún mantiene un pulso con el Ayuntamiento sobre el plan general. FOTO: Pere Ferré/DT

La compañía CLH aún mantiene un pulso con el Ayuntamiento sobre el plan general. FOTO: Pere Ferré/DT

Durante este mandato se ha hablado mucho del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprobado definitivamente en julio de 2013. Mientras algunos partidos y una parte de la sociedad tarraconense ha cuestionado su vigencia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) ha ido avalando su contenido. 

El organismo jurídico desestimó el pasado día 6 de marzo un último recurso contencioso-administrativo, interpuesto por los propietarios del Pla Parcial Urbanístic 30, correspondiente al ARE de Pou Boronat. Se denunció la viabilidad económica de este sector. Es la última resolución de un total de 25 recursos contenciosos-administrativos que se habían interpuesto sobre diferentes partes del contenido del plan general.

El TSJCat ha tardado seis años en resolver el conjunto de las demandas que se habían interpuesto contra del Departament de Territori i Sostenibilitat, que al final es el último responsable de la aprobación de este texto.

Entre las demandas había cuestiones relacionadas con la delimitación de sectores, como el PMU 34, en la zona del Nàstic, también sobre Mas d’en Sorder o en relación al ordenamiento previsto en la zona de Cases Barates. Las cargas urbanísticas del PPU 24, conocido como el de La Budellera, o la viabilidad económica del PMU 13b son otras de las cuestiones que se han analizado.

En estos momentos tan solo hay una demanda que sigue su curso. Es la que presentó la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y que ahora está en manos del Tribunal Supremo. La administración autonómica, junto con el Ayuntamiento de Tarragona, presentaron un recurso de casación después de la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que anulaba la totalidad del plan general. Pese a ello, al no ser una sentencia firme, el texto sigue vigente.

La sentencia se daba a conocer el pasado 5 de mayo del año pasado y ponía de manifiesto el pulso del Ayuntamiento de Tarragona con la empresa, que tiene que abandonar los terrenos en los que está ubicada, para facilitar la conexión del centro de la ciudad con los barrios de Ponent.

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