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El caso de este bebé de un mes ingresado en el Hospital Joan XXIII no es el primero en materia de malos tratos. Sin ir más lejos, a principios del pasado mes de enero, saltaron las alarmas en la Vall d’Hebron. Un bebé de dos meses de Pineda de Mar (Maresme) ingresaba en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital barcelonés por una presunta paliza propinada por su padre, un joven de también 21 años. Los Mossos d’Esquadra detuvieron al progenitor pocos días después del ingreso hospitalario del bebé.
El pequeño tenía una hematoma en la cabeza, un brazo fracturado y cinco costillas rotas con callo. El diagnóstico nunca fue bueno y después de 17 días ingresado y en coma, acabó falleciendo. El padre reconoció haber dado una paliza al bebé y la Generalitat, igual que en el caso de Tarragona, asumió la tutela del bebe de manera cautelar, –retirándosela también a la madre, de 18 años–.
Finalmente, el juez dejó en libertad provisional al padre del menor y, desde entonces, está sin pasaporte y tiene que comparecer semanalmente ante el juzgado. También le impuso una orden de alejamiento de 500 metros de su hijo.
Protocolos en marcha
Son muchas las coincidencias entre los dos casos. Tanto en Joan XXIII como en la Vall d’Hebron fueron los profesionales sanitarios quienes alertaron a los responsables de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) sobre un posible caso de maltrato. Es entonces cuando se activa el Protocol Català de Maltracte Infantil, que fue endurecido a raíz del ‘caso Alba’, una niña que quedó gravemente lesionada tras recibir una paliza de su padrastro en el municipio de Montcada i Reixac (Barcelona).
En caso de detectar un episodio de malos tratos a menores, el protocolo contempla enviar un Equip de Valoració i Assessorament de Maltractament Infantil (EVAMI) –organismo dependiente de la DGAIA–, hasta el centro sanitario en cuestión. Así se ha hecho en los dos recientes casos. A partir de entonces, el papel de la Generalitat es clave para el menor.
La ONG Save The Children insiste en el papel de los médicos a la hora de dar la señal de alarma ante el maltrato. Desde la entidad confían en la nueva ley para la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, que contempla la obligación del personal sanitario a notificar cualquier situación de riesgo para el menor, más allá del informe de lesiones, aunque no haya delito aparente. Tanto en el caso del Hospital Joan XXIII como el de la Vall d’Hebron, los profesionales sanitarios fueron claves para detectar casos de presunta violencia en el ámbito del hogar.
