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Detectan irregularidades del último año de Ballesteros y el primero de Ricomà en Espimsa

El Interventor alerta de déficits en el pago de dietas, en contrataciones y la «recurrencia» de contratos menores. Mercats ultima acciones judiciales para depurar responsabilidades

Octavi Saumell

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El análisis del interventor se centra en el ejercicio del año 2019. FOTO: PERE FERRÉ

El análisis del interventor se centra en el ejercicio del año 2019. FOTO: PERE FERRÉ

Sigue la polémica en la empresa municipal que gestiona el Mercat Central: Espimsa. Un año y medio después de cesar al exgerente –Isidre Prunor– por presuntas irregularidades detectadas hasta 2018, ahora un nuevo informe realizado por el interventor general del Ayuntamiento de Tarragona alerta de nuevos déficits del ejercicio 2019, el último en la alcaldía de Josep Fèlix Ballesteros (PSC) y el primero de Pau Ricomà (ERC).

En el análisis al que ha tenido acceso el Diari, y que pasó por el pleno municipal el pasado 20 de abril, el alto funcionario municipal pone de relieve varias irregularidades en la gestión, algunas de las cuales ya habrían sido reconducidas durante este mandato municipal desde la firma pública presidida per Dídac Nadal (Junts per Tarragona).

En su análisis, el interventor centra sus prescripciones y recomendaciones en la gestión de las contrataciones, los recursos humanos, los pagos y las modificaciones de contratos. Asimismo, cabe señalar que el alto funcionario alerta que «la entidad no ha presentado al Registro Mercantil los libros oficiales de los ejercicios 2010 y 2011», mientras que los de 2018 «se formularon fuera de plazo».

En materia de personal, el interventor indica que «se han producido incrementos de las retribuciones por encima de lo permitido», a la vez que también «han habido mejoras salariales por reconocimiento de complementos de productividad sin seguir el proceso legal ni tener un informe jurídico que avale que este aumento está dentro del límite permitido».

Paralelamente, el alto funcionario también tiene dudas sobre el pago de dietas. «Debe incluirse información suplementaria de la justificación de los gastos por dietas y desplazamientos, como el número de personas, el objeto de la reunión y la relación con el objeto social de la entidad en el caso de los restaurantes, e información sobre el cursos en estos gastos», afirma el interventor.

Cambio de gerente en 2019

A raíz de estas vulneraciones de la normativa, a finales de 2019 la empresa cesó al hasta entonces gerente, que llevaba un cuarto de siglo en la firma, primero bajo el mando en la Plaça de la Font de Joan Miquel Nadal (CiU) y, posteriormente, con Josep Fèlix Ballesteros (PSC). El despido de Isidre Prunor, que cobraba unos 140.000 euros anuales, costó 68.000 euros añadidos a las arcas municipales. En ese momento se llevó a cabo el concurso público que determinó que el supervisor de las obras de remodelación del Mercat Central, Dani Milà, fuera el nuevo gerente de la firma con un sueldo que no llegaba ni al 50% que el del anterior: 65.799 euros anuales, de los cuales 35.000 son básicos, 20.599 como complemento del puesto de trabajo y 10.200 como complemento variable.

El interventor, sin embargo, también critica en el documento que en la mesa de contratación para escoger al nuevo gerente estuviera presente el presidente de la empresa pública, el concejal Dídac Nadal (Junts per Tarragona). «Los principios generales de la contratación laboral indican que en los órganos de selección no puede figurar personal de designación política para asegurar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad», relata el interventor.

Precisamente, Nadal indica al Diari que la empresa municipal está «ultimando» las acciones judiciales que se llevarán a cabo por el uso de las tres tarjetas de crédito no autorizadas en las que se habrían cargado los pagos en dietas, gasolina, viajes y restaurantes, y que según ha trascendido podrían llegar hasta los 30.000 euros en cinco años. «Estamos estudiando con los abogados externos las vías judiciales que emprenderemos. Será este año. A nivel interno, ya cambiamos la gerencia por la falta de confianza que teníamos con la anterior», recalca el presidente. Por su parte, desde el PSC, el partido que gobernó hasta 2019, el concejal Pau Pérez recuerda que «nosotros implementamos la Unidad de Control de Empresas» y que «gracias a las auditorías de cumplimiento se corrigen las irregularidades».

Se paga a 53 días y no a 38

Asimismo, en su informe el interventor pone de relieve otros aspectos significactivos. En materia de contratación, remarca que «se han modificado contratos tramitados en 2018 sin cobertura legal, lo cual supone un incumplimiento grave de los principios más elementales de la contratación pública». En este sentido, recomienda «tramitar cualquier modificación de acuerdo con la normativa vigente», ya que «si los contratos no dan cobertura a las necesidades que los justifican debe tramitarse una nueva contratación de acuerdo con los principios de la contratación pública».

El alto funcionario indica también que «se han efectuado contrataciones con terceros que serían susceptibles de haber sido realizadas mediante un proceso de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación», a la vez que «se ha detectado la existencia de contratos menores de carácter recurrente y plurianuales». En esta línea, el interventor recuerda que «no podrán ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que año tras año respondan a una misma necesidad para la entidad contratante, de modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios».

Finalmente, en el análisis se revela que Espimsa «no ha cumplido con las obligaciones de publicidad» en varias contrataciones, lo que «puede determinar la nulidad de los procesos», mientras que, por otra parte, «se han detectado contratos menores en los que no se ha aportado el informe del órgano de contratación», ni «queda constancia de las personas que aprueban los pagos». Asimismo, Intervenció pide a Espimsa medidas «contra la morosidad», tras poner también de relieve que la firma «paga a 52,99 días», cuando debería hacerlo a 38,14.

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