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Diez jóvenes, de entre 17 y 21 años, tutelados o extutelados por la Generalitat empezaron a trabajar el pasado 3 de enero en los centros cívicos de la ciudad. Forman parte de un plan piloto, impulsado por el Ayuntamiento de Tarragona y el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que les garantizará una formación y una experiencia laboral como auxiliares de conserje, durante un periodo de doce meses.
Yasser es uno de los jóvenes que superó la fase de selección. Anteriormente estudiaba un curso de electricidad, ahora atiende al teléfono y ayuda a los usuarios a resolver dudas sobre la tarjeta del autobús o el material del gimnasio. «Pasas un buen rato y lo haces sonriendo, para que la gente se sienta cómoda y bien», afirmaba.
Este joven de 19 años es uno de los diez integrantes de este plan de ocupación que, según calificó el concejal de Ocupació, Manel Castaño, «abre muchas expectativas». A partir del cambio en la Ley de Extranjería se ha permitido a estos jóvenes acceder al mercado de trabajo, lo que ha requerido la tramitación de estos permisos, que se ha hecho de forma conjunta entre la administración local, el SOC, la Subdelegación del gobierno y el Programa d’Acompanyament Jurídic i Socioeducatiu a Joves Migrants de Creu Roja.
El programa tiene como objetivos mejorar la situación administrativa de las personas participantes y contribuir en la mejora de su ocupabiliad, mediante la formación transversal y la asunción de funciones y tascas profesionales diversas. Asimismo, se busca incentivar el desarrollo de itinerarios profesionalizadores, así como promover la inserción laboral al mercado de trabajo una vez finalizado el programa. Inicialmente los jóvenes recibieron formación en cuanto a riesgos laborales y, a lo largo de todo el programa, tendrán 135 horas de clases de conocimiento de la lengua. «De esta forma, se consiguen unos objetivos para que tengan un proyecto personal y profesional que les abra una expectativas y que puedan salir de la situación compleja en la que estaban, para normalizar su vida», argumentó Castaño.
La puesta en marcha de este proyecto responde a la colaboración interdepartamental entre las áreas de Ocupació, Nova Ciutadania y Serveis Socials del Ayuntamiento de Tarragona. Al respecto, la responsable de Nova Ciutadania, Paula Varas, puso en valor que, con su trabajo, estos jóvenes «realizan su aporte en el desarrollo de la ciudad». Asimismo, destacó que se trata de un programa que es «ejemplo de política de inclusión», «cohesión social» e «interculturalidad».
Para su trabajo los jóvenes recibirán una retribución mensual de 950 euros al mes, correspondiente al salario mínimo interprofesional. Con todo, la administración local quiere contribuir en eliminar los «efectos negativos» que se generan alrededor de los tutelados y extutelados, cuando estos no tienen las herramientas para desarrollar un proyecto de vida.
El Insititut Municipal de Serveis Socials ha sido el encargado de realizar el proyecto de selección. Entre los criterios, se ha tenido en cuenta que no tuvieran antecedentes, además de aspectos relacionados con la motivación y las ganas de rehacer su situación.
La demanda de jóvenes interesada en participar en el proyecto fue muy superior a la oferta de diez plazas, ya que la lista de personas extuteladas en la ciudad alcanza los noventa jóvenes. Al respecto, Castaño avanzó que el Ayuntamiento de Tarragona tiene previsto ampliar su participación generando nuevas plazas, que se sufragaran con recursos propios, si finalmente se consigue aprobar los presupuestos para este ejercicio.
