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Una nueva carta del Ayuntamiento de Tarragona hace unos días ha vuelto a desatar la preocupación (que en los últimos años no ha desaparecido) entre los vecinos de la zona cercana al estadio del Nàstic, también conocida como Parcel·les Iborra. Interpretan que la misiva es un anuncio de que el derribo de sus casas está, ahora, más cerca.
El pequeño núcleo está formado por una decena de casas, entre las cuales las más antiguas fueron construidas hace sesenta años. La zona nunca ha sido urbanizada pese a que los vecinos llevaban años pidiendo al consistorio poder hacer las obras del alcantarillado para lo cual estaban dispuestos a formar una cooperativa.
La situación dio un giro cuando entró en vigor en 2013 el actual Pla d’Ordenació Urbana Municipal POUM, al cual los afectados no presentaron alegaciones. En el mismo se que contempla la zona donde están las casas como zona de equipamientos (Pla de Millora Urbana, PEMU,13b) . De hecho en el ayuntamiento firmó un protocolo de intenciones con el colegio de Les Dominiques en el que se comprometía a entregarles un terreno (se entiende que éste) para levantar un nuevo centro a cambio de quedarse con el edificio que la escuela tiene en el centro de la ciudad.
El Ayuntamiento, promotor
Preguntado al respecto el concejal de urbanismo, Josep Maria Milà, ha querido desvincular la urbanización de la zona a la edificación de la nueva escuela, «son dos procesos aparte», apunta. Explica que lo que se hizo con la última carta es poner en conocimiento de los vecinos del hecho de que será el ayuntamiento el que, finalmente, y resueltas las alegaciones, se encargará de desarrollar el polígono que tiene unos quince mil metros cuadrados. Valga recordar que otros vecinos del sector, que no viven en el mismo, pero sí poseen la mayor parte del terreno, habían mostrado su disposición a realizar ellos el desarrollo.
Milà asegura que el hecho de que sea el ayuntamiento el promotor de las obras se ha hecho precisamente para dar más garantías a los afectados de que las compensaciones serán las más justas para ellos y de que no habrá ningún perjuicio a la ley «ni al sentido común».
No obstante, los vecinos ven el anuncio como un paso más hacia la demolición de sus casas, algo que, aseguran, el concejal de urbanismo anterior, Carles Castillo, les había prometido ralentizar lo más posible.
Milà considera que los vecinos son conscientes de la situación y han sido suficientemente informados y dice que se les seguirá notificando de cada uno de los pasos que se realicen. Reconoce, eso sí, que «el urbanismo es un proceso lento» y el próximo paso, el previo a la ejecución del proyecto durará, como poco, un año, aunque dijo que no es posible anticipar plazos.
Los afectados, por su parte, explica Daniel Arfelis, aspiran a que se les ofrezca una solución como se dio a los vecinos de la Ermita de la Salut o La Muntanyeta, para que sus casas no sean derribadas.
Cree que en todo el proceso no se ha tenido en cuenta que entre quienes viven en la zona hay personas mayores y muy humildes, «Tenemos un vecino que sólo cobra 420 euros al mes y con eso viven él y su mujer que está enferma en casa», ejemplifica. Otros, explica, llevan toda la vida, desde su nacimiento, viviendo allí.
Dudas sobre la compensación
La otra gran preocupación es, una vez se derriben las casas, qué compensación les ofrecerán. Temen, por ejemplo, que se les realoje en pisos en otros barrios de la ciudad, con todo lo que ello comporta para los mayores.
El concejal dice entender «la incertidumbre de los vecinos», pero asegura que la ley es muy clara y que se intentará, en los casos de los vecinos que residen permanentemente allí, ofrecerles una vivienda en una zona cercana, como ya ocurrió recientemente con los vecinos de la calle Ixart, que fueron realojados en viviendas municipales del centro.
Las promesas del ayuntamiento, no obstante, no tranquilizan a los afectados, así que en los últimos días han iniciado conversaciones con los diferentes partidos políticos presentes en el consistorio para llamar la atención sobre su situación.
