Diez huelgas en un mes en Tarragona

Los conductores de la EMT, los taxistas de Tarragona, los trabajadores de los trenes de cercanías, los funcionarios de la justicia; hasta jueces y fiscales se han añadido a la huelga estos días. Es sólo parte de la conflictividad laboral creciente, una dinámica que arrancó el año pasado, con la revuelta de los estibadores y los examinadores de Tráfico como puntos álgidos, y que continúa en este 2018. 

Y no quedará ahí: la sanidad se dispone a parar la próxima semana durante cinco días. También los trabajadores de Correos están en rebeldía y preparan parones, igual que los empleados de la administración pública, que el 12 de diciembre harán huelga. Asimismo, los transportistas de la provincia amenazan con marchas lentas y nuevas movilizaciones. 

La expresión máxima del conflicto laboral, la huelga, vuelve a crecer en Tarragona. En 2017 el número de días no trabajados aumentó hasta sumar en la provincia 3.268, más del doble que en el año anterior (1.622), según el Observatori del Treball, con datos de la Generalitat y el Ministerio. 

Muchos colectivos pelean por restituir los derechos y condiciones tras los años de recortes

Más convocatorias 
También creció el número de convocatorias (de 16 a 17) y el de trabajadores participantes. Especialmente acentuado fue el aumento en ese indicador. De 542 trabajadores que hicieron huelga en 2016 a los 1.904 del año pasado, un incremento de más del triple. También crecieron los centros de trabajo implicados, esto es, aquellos que tuvieron al menos un trabajador implicado en la huelga; en las comarcas tarraconenses pasaron de 336 a 485, lo que supone un crecimiento del 44%. Y todo, sin incluir ahí las dos huelgas generales en Catalunya (de los días 3 y 8 de noviembre), que no tuvieron motivo laboral sino político y social. En ese punto, el número de jornadas y de horas perdidas se dispararía exponencialmente, aunque no es significativo de la conflictividad laboral. 

«Después de muchos años de sufrimiento, no se han revertido los recortes a pesar del crecimiento», Joel Fernández, responsable CCOO en la URV

Están por ver las cifras finales de este 2018. Los últimos datos oficiales disponibles por el momento llegan solo hasta julio y muestran registros ligeramente inferiores, si bien a partir de ahora y hasta final de año hay que agregar huelgas como la de los taxistas, la justicia o la sanidad. Los 1.904 trabajadores implicados en huelgas en 2017 en Tarragona suponen el mayor registro en los últimos cuatro años. Sin embargo, son números que quedan lejos de los récords alcanzados en los años más crudos de la crisis, en el marco del aumento del desempleo y los despidos. Así, en 2013 se alcanzaron los 10.000 trabajadores en huelga en Tarragona.

«Se incumplen compromisos»
Para los sindicatos, aún queda mucho que pelear a pesar de que lo peor ya ha pasado. De hecho, en esa recuperación estriban las demandas de buena parte de los colectivos, según sostiene Joan Llort, secretario general de UGT en Tarragona: «Lo que estamos viendo ahora es que las administraciones no desencallan las situaciones laborales de los colectivos que llevan tiempo denunciándolas. Vemos que se están incumpliendo algunos compromisos». Llort sostiene que no ayudan las parálisis de gobierno ni los periodos de ‘standby’ que se han sucedido tanto a nivel catalán como estatal: «Han cambiado gobiernos y vemos que se deberían revertir leyes como las reformas laborales. Hay sectores que han pasado muchos años soportando la crisis y ahora empiezan a estar sobresaturados porque no se reponen puestos de trabajo. Algunas protestas son una manera de explotar después de aguantar mucho». 

«Muchas empresas ya han recuperado lo que dejaron de ganar. Al empleado le toca un reconocimiento», Joan Llort, secretario general de UGT

Llort, en su diagnóstico, añade: «Muchas empresas e incluso bancos han recuperado el dinero que dejaron de ganar en el pasado. Ahora los trabajadores piensan que toca un reconocimiento tanto social como económico». 

Otros sindicatos mantienen visiones similares. «Hace al menos dos años que se habla de recuperación económica. Los datos 'macro' así lo reflejan. El crecimiento del PIB indica que hay más actividad empresarial. Por lo tanto, las administraciones crecen en recaudación y las empresas en beneficio. Por eso planteamos que es imprescindible que, después de un periodo muy largo de recortes, estos se reviertan, y eso no está sucediendo», reflexiona Joel Fernández, responsable de CCOO de educación en la URV. 

Los sindicatos denuncian que la recuperación económica no repercute en el mundo laboral. «Los trabajadores se han cargado la crisis a la espalda. Ahora tienen la posibilidad de recuperar lo que se ha perdido, tanto en empleos como en condiciones. Ese crecimiento se tiene que repartir, ahora que las cosas empiezan a ir un poco mejor. Pero no sucede eso. Nos encontramos con empresas que no quieren tocar las condiciones del convenio que en su momento se pactaron para salvar la compañía. Ahora ya les va bien seguir con esas condiciones de guerra», añade Fernández.

Marina Roig, delegada sindical de CATAC-CTS en Joan XXIII, opina en la línea: «En 2011, con la excusa de los recortes, hubo una reestructuración y se pidió un sacrificio al sector público. En este tiempo se han precarizado los servicios. Hemos hecho el esfuerzo pero ahora parece que la recuperación no llega. Nos deben pagas, las condiciones laborales no mejoran. Nos hemos cansado de tener paciencia». 

«Defendemos la recuperación de unos servicios públicos de calidad que se han perdido y también desde el punto de vista de la situación laboral del empleado. Es algo que atañe a justicia, Correos, sanidad o funcionariado de la administración», comenta Vicente Moya, secretario general en Tarragona de CCOO, que añade: «La recuperación económica la nota quien más dinero tiene, que es quien puede hacer buenos negocios. Queremos recuperar lo que se ha perdido. Tiene que haber un reparto de los ingresos».  

Uno de los momentos álgidos será la semana que viene. La sanidad emprende cinco días de huelga, del 26 al 30. El próximo jueves, además, la educación catalana también saldrá a la calle por verse, según los sindicatos, «endémicamente infrafinanciada» y por no haber revertido los recortes. El 12 de diciembre es toda la función pública catalana la que está llamada a la huelga. De aquí a final de año, empleados de compañías como Amazon  o Air Nostrum también harán parones para reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo.