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Diez trabajadores de empresa de Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT) pasaran por los juzgados en los próximos días para declarar ante la Fiscalía. Los primeros han acudido hoy ante el juez.
Estos empleados de la AMT participaron supuestamente en cursos de coaching y formación, cuya contratación podría contener irregularidades. Las sesiones tuvieron un coste de 47.000 euros y el concurso para adjudicarlas es lo que suscita preguntas que quiere esclarecer la Fiscalía.
La historia salió a la luz por un reportaje periodístico del digital Porta Enrere. En él se exponían las sombras de este curso y su difícil justificación. El grupo municipal de la CUP aprovechó el reportaje para preguntar en el Consejo de Administración, del cual son partícipes.
Las respuestas entregadas además de la demora inusualmente más prolongada de lo debido terminó de convencer a los cupaires de que algo olía mal en ese asunto. De aquí que llevaran un escrito a la Fiscalía para exponer lo que ellos entendían que podía ser constitutivo de hasta cuatro delitos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias y blanqueo de capital.
Todo motivado porque hay sospechas de un concurso a medida y que la empresa ganadora tendría un lazo de amistad a la que entonces presidía la AMT, la concejal Begoña Floria (ahora relevada por el popular Josep Acero).
La AMT justificó la necesidad de esta acción de coaching, alegando la inexistencia de un sistema global de gestión de los Recursos Humanos, cuando la empresa estaba en trámites para obtener el certificado de calidad ISO 9001.
Desde la AMT se asegura que las sesiones se llevaron a cabo, aunque hay otras voces que ponen en duda de que hubiera tal curso y por tanto se desconoce dónde fueron a parar los 48.000 euros.
