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Disputa vecinal por una discoteca en Tarragona

El local tiene abierto un expediente por quejas relacionadas con el exceso de ruido. Por su parte, los propietarios aseguran tenerlo todo en regla. El Ayuntamiento hace de árbitro

Carla Pomerol

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La discoteca Bloomsbury abrió en septiembre de 2017 y es uno de los locales más populares de la ciudad. FOTO: pere ferré

La discoteca Bloomsbury abrió en septiembre de 2017 y es uno de los locales más populares de la ciudad. FOTO: pere ferré

En pie de guerra. Así están los vecinos de la calle Major con la discoteca Bloomsbury, ubicada en el número 24 de la misma vía. El local abrió puertas hace aproximadamente un año y, desde entonces, los vecinos tienen como objetivo cerrarlo. Explican que la discoteca está mal insonorizada y que las peleas son muy frecuentes. Por su parte, los propietarios del Bloomsbury aseguran tener todos los permisos en regla. El Ayuntamiento, que ejerce de árbitro en este conflicto, se encuentra a la espera de recibir la documentación necesaria por parte de los propietarios de la discoteca. 

Todo empezó en septiembre de 2017, cuando la discoteca Bloomsbury abrió sus puertas en la calle Major. Dos meses más tarde, se inició el primer expediente municipal producto de las quejas de los vecinos de las calles Abat, Major, Riudecols y Cuirateries. El expediente menciona molestias graves por el fuerte ruido de la música. Las quejas se concentran durante la madrugada, desde jueves hasta sábado. La discoteca abre los fines de semana, de doce  a seis de la madrugada. 

Además de la música, los vecinos denuncian el ruido que provocan los clientes fuera del local cuando, por ejemplo, salen a fumar. «El volumen supera el permitido según la ordenanza municipal, que son 25 decibelios en dormitorio y 30 en sala de estar», asegura Elena Apilánez, una vecina de la calle Major, quien añade que el ruido y las vibraciones podrían ser las responsables de las grietas e inclinaciones de algunos de los pisos. «Al menos sería necesario una revisión técnica para verificar la gravedad», explica Apilánez. 

Otro de los argumentos es que el ruido está afectando a la salud mental de los vecinos, «provocando estrés, insomnio y dolencias nerviosas», relata la vecina, quien añade que los clientes de la discoteca «en ocasiones provocan disturbios, peleas, griterío incontrolable y otras alteraciones del orden». Según los vecinos, estos episodios son cada vez más frecuentes. «Sin ir más lejos, en la madrugada del 7 de octubre se desplazaron hasta el lugar dos furgonetas de la Urbana y una ambulancia por una pelea», dice.

Además, los vecinos denuncian que los propietarios de la discoteca Bloomsbury dejan las basuras, mayoritariamente botellas de cristal, fuera del local. «En una ocasión tuvimos que llamar a la Guàrdia Urbana y al Ayuntamiento para que limpiaran el suelo de la calle por el mal olor provocado por la basura», asegura Apilánez, quien añade que los clientes del Bloomsbury se orinan en la calle. Los vecinos se han reunido con el Ayuntamiento y otras administraciones para explicar su situación.

La plataforma Farts de Soroll ha denunciado en varias ocasiones el ruido provocado por esta discoteca de la calle Major. «Apoyamos a los vecinos, pero también nos gusta que se espabilen y denuncien, y así encontrar líneas de trabajo de manera conjunta», asegura el portavoz de Farts de Soroll, Andreu Ximenis, quien añade que «nuestro objetivo es guiar y acompañar a los vecinos en su lucha en contra del ruido».

«Lo tenemos todo en regla»

El Diari se ha puesto en contacto con los propietarios de la discoteca, quienes aseguran que cuentan con todos los permisos en regla. «El último control medioambiental lo hicimos en febrero de 2018, y fue validado por una empresa especializada de la Generalitat», explica Àngel Pérez, propietario del Bloomsbury, quien añade que «desde el dormitorio del piso de arriba –el que está más cerca de la discoteca–, no se oyen más de 25 decibelios, que es lo que permite la ley». El propietario asegura que la vigencia de este documento es de cuatro años.

Pérez entiende que haya personas más sensibles al ruido que otras, «pero la ley es igual para todos». Los propietarios aseguran que cuentan con una licencia de actividad de sala de fiestas con espectáculo, «lo que significa que podemos incluso servir comida o hacer shows sin pedir permiso previo», asegura Pérez, quien añade que «somos la única discoteca de Tarragona que contamos con este tipo de licencia».

Uno de los propietarios del local nocturno asegura que «aunque alguna vez ha venido la Guàrdia Urbana, nunca nos han cerrado la discoteca». Pérez asegura que alguna de las vecinas que han denunciado «nos ha amenazado con sus contactos en la universidad y el Ayuntamiento». 

Los propietarios dicen que «siempre hay buen ambiente en el local y nunca hemos tenido denuncias por peleas», y añaden que «los vecinos deberían saber que la Part Alta de Tarragona es una zona donde se concentra parte del ocio nocturno de la ciudad, con bares, pubs y restaurantes. Es como si alguien se va a vivir al lado de la Renfe y se queja del ruido de los trenes».

Por otro lado, Pérez se defiende de la acusación de dejar la basura fuera del local, asegurando que «dejamos las bolsas a las seis y media de la madrugada, cuando cerramos el local, porque una hora más tarde la brigada las recoge. Y es que en la Part Alta no hay contenedores».

Fase de control

El Ayuntamiento ejerce de árbitro en este conflicto entre vecinos y discoteca. El pasado 3 de octubre se requirió, a través de una notificación, a los propietarios documentación, como por ejemplo, el control periódico favorable de la actividad de sala de fiestas con espectáculo y la instalación de la climatización. El concejal de Territori del Ayuntamiento de Tarragona, Josep Maria Milà, asegura que «hemos pedido información a los propietarios, porque deben demostrar que cumplen con la normativa», y añade que «no es nada extraño, solo que es necesario hacer controles periódicos de las actividades».

La disputa entre vecinos y propietarios podría acabar en los juzgados en un futuro, aunque la intención, tanto de los vecinos como de la plataforma Farts de Soroll, es agotar la vía del diálogo y de trabajo conjunto con las administraciones. 

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