Tarragona Política municipal

ERC, JxCAT y CUP piden que Ballesteros y Floria dejen su acta de concejal

Los partidos reaccionan tras conocerse las propuestas de penas de prisión del fiscal. El PSC apoya a los procesados, el PP defiende la presunción de inocencia y Cs no quiere hablar

CARLA POMEROL

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Ballesteros declaró ante el juez instructor el 26 de enero de 2016. FOTO: PERE FERRÉ

Ballesteros declaró ante el juez instructor el 26 de enero de 2016. FOTO: PERE FERRÉ

El pleno municipal, a excepción del PSC, del PP y de Ciutadans, pide que Josep Fèlix Ballesteros y Begoña Floria dejen su acta de concejal tras conocerse el posicionamiento de la Fiscalía Provincial acerca del Caso Inipro. El Ministerio Público rebaja marchas y pide una pena de prisión de cinco años y ocho meses para el exalcalde Ballesteros, una cifra inferior a la que solicitaba la CUP –13 años– y el Ayuntamiento –14–. Pese a esta reducción, la Fiscalía acusa al exedil de haber cometido cinco delitos en la polémica por la presunta financiación ilegal de la formación socialista: prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil. En el caso de Floria, el fiscal solo ve un delito de malversación de caudales públicos, por el que pide cuatro años y diez meses de cárcel. La CUP y Ayuntamiento solicitaban una pena de prisión de diez años.

Las reacciones no se han hecho esperar y el primero en valorar la situación fue el grupo municipal de la CUP, que ejerce de acusación particular en el caso. Su portavoz, Laia Estrada, aseguraba ayer al Diari que «la acusación por corrupción que hace la Fiscalía es igual de grave que la que hace la CUP. Ya no estamos en un escenario en el que nosotros pedíamos prisión para Ballesteros y Floria, sino que lo pide el Ministerio Público». Estrada añade que «es vergonzoso que ambos no hayan dimitido, después de tantos años minimizando el caso, pero todavía lo es más que el PSC tarraconense lo consienta».

En esta misma línea se muestra el portavoz de ERC, Xavi Puig, quien coincide en describir como «graves» las acusaciones del fiscal. «No ayuda a la buena imagen del Ayuntamiento que Ballesteros y Floria mantengan sus cargos y menos cuando su partido ya les ha suspendido de militancia». Hace dos días, el actual portavoz del gobierno municipal, Manel Castaño, aseguraba mostrarse «sorprendido» por el hecho de que los concejales socialistas procesados siguieran «ocupando cargos públicos pese a la petición de la Fiscalía».

Por su parte, el portavoz de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, se muestra convencido de que Ballesteros y Floria «ya hace tiempo que deberían de haberse apartado de primera línea y llevar a cabo una defensa alejada del foco mediático». Por su parte, la portavoz del grupo En Comú Podem, Carla Aguilar-Cunill ha declinado hacer declaraciones al respecto.

En la otra cara de la moneda se encuentra el PSC, el PP y Ciutadans. La portavoz del grupo municipal del PSC, Sandra Ramos, explica que «nos alegramos de que ya se haya hecho la calificación. Nosotros somos los primeros interesados en que llegue rápidamente el juicio y que se demuestre la inocencia de los compañeros». Ramos añade que «desde un principio hemos dicho que hubo un error administrativo claro en la prórroga de un contrato. Pero hacer pasar esto por otra cosa no está bien».

Por su parte, José Luis Martín, el número 1 del PP en Tarragona, pide prudencia y respetar, por encima de todo la presunción de inocencia, tanto de Ballesteros y Floria como del resto de altos cargos del Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSS), también salpicados por el caso. Finalmente, el líder de Ciutadans, Rubén Viñuales, asegura que la formación naranja «no hablará de procesos judiciales abiertos».

Penas a la mitad

Tal como avanzó el Diari, el Juzgado de Instrucción número 1 notificó el pasado jueves a las partes los escritos de acusación, de cara a la apertura del juicio oral. En los escritos de las tres acusaciones se revela que las condenas que solicita ahora el fiscal son menos de la mitad de las que presentan las acusaciones.

El objeto de la causa es un contrato firmado en 2010 entre el Institut Municipal de Serveis Socials y la empresa Inipro, y que se prorrogó durante dos ejercicios consecutivos por una cantidad global de 276.000 euros. El contrato tenía como finalidad “la intervención y potenciación del asociacionismo de la población recién llegada a la ciudad, pero el juez sospecha que se podrían haber desviado recursos en beneficio de varias alcaldías del PSC.

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