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ERC aplica «responsabilidad política» y el Ayuntamiento sigue adelante con Ten Brinke

El gobierno del Ayuntamiento de Tarragona afirma que el proyecto estaba en un estado muy avanzado y que frenarlo supondría indemnizaciones millonarias. Puig defiende que se buscarán sinergias con el comercio local

Núria Riu

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Imagen aérea de los terrenos en los que está previsto que se implante Ten Brinke. FOTO: Alba Mariné/DT

Imagen aérea de los terrenos en los que está previsto que se implante Ten Brinke. FOTO: Alba Mariné/DT

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tarragona, formado per Esquerra Republicana de Catalunya y En Comú Podem, no frenará el proyecto de Ten Brinke, al lado del Anillo Mediterráneo.

Así lo ha dado a conocer el portavoz, Xavier Puig, quien defendió que se hace un ejercicio de «responsabilidad política» heredando la actuación que se planteó como alternativa en los terrenos que inicialmente debía ocupar Ikea. «El problema es que está en un estado muy avanzado y tiene unos niveles de compromisos asumidos tan grandes que a criterio de los técnicos haría que las indemnizaciones a asumir con dinero público serían muy elevadas», justificó Puig.

El edil republicano, responsable en materia de Territori, explica que este mediodía se abrieron las propuestas económicas para la urbanización de los terrenos del plan parcial 10 (PP10).

El Gobierno asegura que, junto con los técnicos, se estudió «los caminos disponibles para frenar esta actuación». Una opción que se descartó. Al tratarse de un plan que ya estaba iniciado y en fase de licitación, el Ejecutivo ha considerado que sería una «irresponsabilidad» no seguir adelante ya que «el itinerario de litigios sería muy complicado».

Desde la administración local no se da a conocer una cifra del coste que supondría la paralización del proyecto para las arcas públicas. Pese a ello, se apuntó que «estamos hablando de millones de euros de dinero público que no queremos regalar de esta forma». El Ayuntamiento afirma que no dispone de este cálculo ya que «dependería del grado de litigio y reclamaciones».

A partir de ahí, el concejal de Territori asegura que va a hacerse un planteamiento «pragmático» para «sacar un rendimiento máximo». Los aspectos positivos que se han puesto encima de la mesa es que la urbanización de estos terrenos permitirá la construcción de 400 viviendas sociales.

Esta cifra representa aproximadamente el 35% de los 1.200 pisos nuevos que se construirán en este espacio entre el barrio de Campclar y la T-11. Asimismo, defendió que se han iniciado conversaciones con la empresa promotora de la nueva superficie comercial para adaptar el proyecto y hacer que «su oferta no entre en colisión con los intereses del pequeño comercio».

Participar en el diseño

Por el momento el diálogo con la compañía ha sido vía telefónica y las medidas se irán concretando en los próximos meses, cuando se espera que Ten Brinke vaya definiendo el contenido de la nueva zona comercial. Pese a ello, Puig avanza que «queremos aprovechar todo lo que se pueda en este plan parcial para ayudar a revertir y buscar sinergias con el comercio local». Hasta el momento, apunta que el diálogo ha sido «muy constructivo» y «fructífero» y que la empresa «busca la máxima colaboración con el Ayuntamiento».

La UTE formada por las empresas Comsa y Rogasa es la sociedad, de las 14 que optaron a la adjudicación de las obras, que se encuentra mejor posicionada para su ejecución. Ahora, deberán aportar la documentación requerida para que el Ayuntamiento de Tarragona apruebe que lleve a cabo las obras. No hay un calendario para el inicio de los trabajos, que podrían empezar a finales de este mismo año o a inicios de 2020.

Desde la oposición Esquerra Republicana de Catalunya siempre se había mostrado contraria al desarrollo de este plan parcial. La formación republicana defendía que éste estrangularía el comercio local del centro de la ciudad. Pese a ello, los republicanos se han visto obligados a modificar su postura cuando tan solo hace un mes y medio que están en el Gobierno.

Puig justifica que «desde la oposición nunca nos comprometimos a frenar el PP10 a cualquier precio, porque sería irresponsable, sino que dijimos haríamos lo posible para frenarlo. Hemos estudiado el caso y aquí no hay margen de actuación posible»

Los titulares de los terrenos del futuro barrio de Ponent acordaron a principios del pasado mes de marzo que venderían la finca de los 68.000 metros cuadrados de equipamiento comercial a la firma centroeuropea por 14 millones de euros más IVA, una cifra que le sitúa al nivel de los 15,7 millones de euros que se comprometió a pagar IKEA en 2012. Los detalles del proyecto se desconocen, aunque será al aire libre y multimarca.

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