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Nuevo encontronazo entre el gobierno municipal (ERC y Comuns) y la CUP, esta vez por la incorporación en el presupuesto de 2021 del superávit municipal de 2020. Según ha podido saber el Diari, el ejecutivo liderado por el alcalde Pau Ricomà (Esquerra) quería aprobar en el pleno de este próximo viernes el modificativo de crédito de 11 millones de euros para poder usar el dinero sobrante del año pasado y completar, de esta forma, las partidas que se quedaron «cojas» en la aprobación de las cuentas del pasado 29 de diciembre. Sin embargo, las discrepancias con uno de los socios de investidura y posible nuevo socio de gobierno –la CUP– ha obligado al gabinete de la Plaça de la Font a dejar finalmente el punto fuera del orden del día, por lo que la aplicación del remanente queda en stand by a la espera de cerrar el OK definitivo con las dos ediles de la formación anticapitalista.
Según las fuentes consultadas, las cupaires discrepan especialmente de las formas «a corre cuita» que ha llevado a cabo el gabinete local para negociar el esperado modificativo de crédito, a la vez que tampoco avalan, de momento, el contenido de la propuesta presentada por el concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC), quien también ha mantenido contactos con la otra formación que se especula que podría asumir en breve carteras de gobierno: Junts per Tarragona.
Optimismo del gobierno
La principal queja del grupo formado por Eva Miguel y Laia Estrada –quien este viernes formalizará su marcha para dar entrada a Inés Solé– es que, según el acuerdo para la aprobación de los números de 2021, el uso del superávit debía negociarse «desde el minuto 1» tras la aprobación de hace dos meses y medio, una circunstancia que, consideran, no se ha cumplido, sino que los primeros contactos no se han formalizado hasta hace pocos días. Así se lo hicieron saber la pasada semana, en la reunión que mantuvieron ambas partes y en la que también se evidenciaron divergencias de fondo, especialmente por la cantidad que debe destinarse a la amortización de la deuda a las entidades bancarias.
«Debemos aprovechar este remanente para dar respuesta a la situación de emergencia social y económica actual, y no exclusivamente a pagar deuda», asegura la portavoz de la CUP, Eva Miguel, quien añade que el superávit «debe destinarse a fortalecer el dique de contención de las medidas en clave social, habitacional, cultural y educativa de los presupuestos 2021 y a incrementar aquellas partidas que habían quedado infradotadas». Cuando la modificación presupuestaria sea un hecho, las cuentas de este año pasarán de los 163,3 millones a más de 174.
Pese a las críticas de uno de los dos socios que en diciembre hizo posible el OK a las cuentas, ayer el segundo teniente de alcalde, Jordi Fortuny (ERC), relativizó las divergencias y se mostró convencido de que «habrá acuerdo en pocos días», ya que las diferencias «son mínimas», por lo que no descarta convocar un pleno extraordinario antes de Semana Santa. «No será posible aprobar el modificativo en el pleno del día 19, pero igual podemos hacerlo la siguiente semana», indica el máximo responsable económico municipal, quien detalla que «estamos hablando de una cantidad muy importante, que implica a muchísimas partidas y que no es fácil de concretar en pocos días». De hecho, Fortuny espera que la operación sea avalada por todas las formaciones del Saló de Plens. «No podemos renunciar a las inversiones, a las subvenciones a entidades, a los temas de vivienda o a la lucha contra la Covid», reivindica el edil republicano.
Junts: «Reactivar la economía»
Serveis Centrals también ha mantenido contactos con Junts. «Son imprescindibles actuaciones para reactivar la economía local y aumentar los recursos de Serveis Socials», indica el portavoz, Dídac Nadal, quien también señala que «hemos exigido que se garanticen las subvenciones que faltaban para las entidades deportivas, sociales y culturales, así como las actuaciones de microurbanismo encaminadas a mejorar calles, plazas y parques del centro y de todos los barrios», así como mejoras en la Quinta de Sant Rafael, la Casa de la Festa y la aplicación de los bonos de dinamización comercial.
Finalmente, Sandra Ramos (PSC) reconoce que su formación no ha mantenido ningún contacto bilateral con el gobierno para negociar el superávit. «En el presupuesto ya debería haberse previsto, como mínimo, una cantidad de remanente. De esta forma se habría evitado el sufrimiento por el que pasan ahora las entidades para cobrar», afirma la portavoz socialista, quien apuesta también por impulsar «las políticas de ocupación, Serveis Socials y la renovación de la flota de la EMT».
