El 94% de los administradores de fincas de Tarragona han sufrido ocupas

El drama de la ocupación se agrava. El 53% de colegiados piden más dureza policial. Tarragona, segunda provincia española más afectada

Raúl Cosano

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Un vecino de Mas Pellicer (Reus), tapia una puerta para evitar ocupas. Foto: Alba Mariné

Un vecino de Mas Pellicer (Reus), tapia una puerta para evitar ocupas. Foto: Alba Mariné

Un bloque con ocho pisos, tres de ellos ocupados. Los vecinos que quedan, hartos del incivismo y de amenazas de muerte, se acaban yendo de su propia casa para vivir de alquiler, mientras continúan pagando la hipoteca. El caso sucede en Tarragona y es uno de esos ejemplos flagrantes de la ocupación. «Es una realidad diaria y va en aumento», explica Fabián Huguet, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, uno de los colectivos agraviados. El 94% de los administradores ha sufrido casos de ocupación ilegal, según refleja el informe ‘Ocupació il·legal i habitatges d’ús turístic’, elaborado por la aseguradora Mutua de Propietarios con la colaboración del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE).

Es prácticamente la totalidad de este colectivo. Ocho de cada diez colegiados tarraconenses consideran que la agilización procesal sería una medida eficaz para evitar la ocupación ilegal, seguida de los servicios policiales (53%) y de la colaboración municipal (52%).

Cuatro de cada diez pagaría menos de 50 euros al mes para buscar una solución ‘anti ocupas’ y solo una cuarta parte abonaría una cuota superior. «Vivimos un calvario casi cotidiano, con incivismo, destrozo de espacios comunes, robos en viviendas... de todo. Hay enganches directos a la luz y al agua de la comunidad. Reclamas y a los dos días vuelven», narra Huguet.

«Me quedo en la calle»

Los anuncios proliferan en la red. «Busco piso muy urgente, tengo una pensión de 400 euros por invalidez física, no puedo mover la mano y tengo a mi cargo a mi hermano pequeño». «Busco piso okupa. Muy urgente. Máximo puedo pagar 300-450. Me quedo en la calle. Por favor, es urgente». Son solo dos ejemplos a la desesperada, que ponen casuística a este problema social enquistado: la ocupación ilegal de vivienda, un mismo fenómeno que tiene varias caras, desde la usurpación del inmueble por necesidad, al lucro de las mafias que comercian con estas propiedades.

Tarragona es un lujo para los ocupas y un tormento para los propietarios. Los datos del Ministerio de Interior, que recaban las estadísticas de las fuerzas policiales –Mossos incluidos–, así lo demuestran. Es la segunda provincia de España con más ocupación en relación al número de viviendas que hay. Tarragona presenta una tasa de 52,8 denuncias por ocupación de inmuebles por cada 10.000 viviendas. Sólo Barcelona está por delante en el ranking, con una ratio de 66,09, según el balance de delitos de los últimos seis años, cruzado con los datos del parque de viviendas del Ministerio de Fomento. Sevilla (41,82) ocupa la tercera plaza.

Los administradores de fincas admiten que el problema se ha ido expandiendo. «La ocupación se está dando en todas partes. Empezó siendo algo habitual en los barrios periféricos, en las ciudades de costa, donde hay mucho edificio vacío, pero ya la notamos también en el centro de Tarragona o de Reus», cuenta Fabián Huguet.

El tirón de la costa

Varios factores influyen en el hecho de convertir a Tarragona en un espacio atractivo para la ocupación. «Aquí hay mucha vivienda que está vacía y también mucha segunda residencia. El atractivo de la costa es grande», reconoce Diego Reyes, presidente de la asociación de promotores inmobiliarios del Tarragonès. Reyes, afectado por estos problemas, explica cómo ha cambiado el perfil: «Ahora tenemos a unos ocupas que ya no buscan piso malo. Han subido el nivel y su selección, van a por algo que tenga todos los servicios». Reyes cree que «la ocupación está más enfocada a viviendas de entidades financieras y de empresas pero todavía queda la rémora de muchísimo ocupa que está en casa de particulares».

«La ocupación es una realidad diaria que va a más. Sufrimos destrozos en zonas comunes», dice Fabián Huguet, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona

En lugares costeros como Calafell se ha constatado la presencia de los llamados ‘ocupas vacacionales’, en los que se irrumpe en la vivienda durante los fines de semana o en periodos de asueto. El objeto de deseo son casas unifamiliares, la mayoría propiedad de bancos que pasaron a las entidades porque los promotores no pudieron venderlas ni hacer frente a los préstamos. Están cerca de la playa y en muchos casos tienen piscina, otro aliciente.

El Institut Cerdà es una de las organizaciones dedicadas a estudiar la ocupación. La entidad barcelonesa estima que hay unas 300.000 personas en España que están viviendo como ocupas. El director del área de sostenibilidad del instituto, Miguel Hernández, analiza el caso de Tarragona: «La ocupación acostumbra a ser más elevada en aquellas zonas con mayor población vulnerable y, por lo tanto, con una cantidad más grande de posibles ‘demandantes’ de vivienda a ocupar. Asimismo, las zonas de mayor ocupación también coinciden con ser aquellas en las que el parque de pisos vacíos también es más elevado, lo que explica la existencia de ‘oferta’ de pisos a ocupar».

«Una vez pasan 48 horas, ya se necesita una orden judicial y empieza el calvario», explica Ana Bozalongo, asesora de la junta del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona

Huguet, además, es testimonio de los problemas adheridos. «Tengo constancia de que hay intermediarios, mafias que se aprovechan y que, por ejemplo, hacen contratos falsos de alquiler». Los administradores de fincas reclaman soluciones rápidas: «Cada vez es más difícil, la ley no nos ayuda. Pedimos que las comunidades de propietarios puedan actuar también contra los ocupas, porque la situación afecta generalmente a todo el bloque».

Ana Bozalongo, asesora jurídica del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, considera que «la ocupación está a la orden del día», y añade: «Una vez han pasado 48 horas ya se necesita una orden judicial y a partir de ahí comienza el calvario para el propietario, que se suele prolongar meses». Bozalongo recomienda presentar una demanda civil de desahucio y, a partir de ahí, esperar.

El último cambio de la legislación, basado en la agilización del desalojo, no ha servido, según algunos de los expertos y afectados. «Es solo para proteger a los propietarios particulares, pero no a los bancos ni a los grandes tenedores, por lo que el 90% del problema sigue existiendo», sentencia Huguet.

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