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El Ayuntamiento de Tarragona quiere rebajar el elevado coste que le supone cada año la limpieza de los excrementos de perros en la vía pública que, según datos facilitados por el propio Consistorio, durante 2014 ascendió a más de 250.000 euros. Por ello, y según ha podido saber el Diari, el Consistorio tiene la intención de exigir a los propietarios caninos una prueba de ADN de los animales para poder analizar las muestras de heces y sancionar a sus propietarios.
Por ello, y tal y como ya han hecho otros municipios como Bilbao, Huelva, Málaga o Sitges, el equipo de gobierno quiere impulsar una modificación de la ordenanza actual, de forma que en ella se exija la realización de una prueba de ADN al animal. De esta forma sería mucho más sencillo controlar a los dueños incívicos y sancionar a los propietarios que no recojan las heces.
El objetivo municipal es negociar esta modificación con las entidades animalistas y las asociaciones de vecinos, de forma que la normativa pueda ser una realidad en dos años, a mediados de 2017. «No queremos dar la espalda a nadie, sino que nuestra idea es consensuarlo, ya que hemos recibido muchas quejas ciudadanos por la suciedad que ocasionan los excrementos», aseguran fuentes del gobierno local.
‘Que no suponga un gasto’
Las fuentes municipales consultadas aseguran que los técnicos de la corporación local ya han elaborado los informes jurídicos preceptivos para poder llevar a cabo esta iniciativa. «Hemos intentado métodos pedagógicos y coercitivos, pero el número de incívicos sigue creciendo», lamentan las fuentes consultadas, las cuales remarcan que la idea es abrir un concurso público para concesionar la gestión del servicio, que podrían llevar a cabo los veterinarios o la Universitat Rovira i Virgili (URV).
«No queremos que suponga ningún gasto. Además, si la recaudación es superior al coste, el dinero sobrante se destinará a las mejoras de las zonas verdes o pipicans que hay en la ciudad», matizan desde el Consistorio. Según datos facilitados por la administración local, actualmente hay censados un total de 2.812 perros en la ciudad.
Diez euros por hez
La actual ordenanza municipal de convivencia ciudadana indica, textualmente, que «los propietarios de perros y animales de compañía deberán evitar que estos hagan sus deposiciones en la vía pública o en otro espacio de uso común y general, y, en el caso de inevitable deposición, tendrán que retirar inmediatamente los excrementos o la suciedad producidos y limpiar el lugar afectado. En caso de que no cumplan esta obligación serán sancionados por la comisión de una falta leve», según se indica en el artículo articulo 167.4. La misma normativa establece que las infracciones leves «pueden ser sancionadas con hasta 250 euros».
Según los datos hechos públicos hace meses por parte del propio Ayuntamiento, la limpieza de cada excremento en la vía público supone un gasto de diez euros para las arcas municipales. Esta cifra se calcula por el coste de desplazar a un operario que se traslada en vehículo y limpiar con agua a presión. De hecho, hay un operario dedicado en exclusiva a efectuar este tipo de tareas.
