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El mercante Altona, de 95 metros de eslora y con más de 30 años de operatividad, zarpará del Port de Tarragona esta semana. El barco, de bandera maltesa y armador griego, está bloqueado en la ciudad desde el pasado día 4 de diciembre, cuando Capitanía Marítima ordenó su detención al detectar irregularidades laborales y de seguridad en la navegación.
Tras un mes anclado en el dique de Llevant, la situación se desbloquea lentamente. La mediación de Capitanía Marítima ha permitido subsanar los problemas laborales de este mercante agroalimentario y poner en marcha los trabajos en el buque para poder volver a navegar.
La capitán marítimo, Núria Obiols, explica que «el Altona ha cambiado de manager –empresa que gestiona las operaciones–. Los nuevos responsables indemnizaron a la tripulación que quedaba retenida en Tarragona y les ha pagado el pasaje de vuelta a casa. Con ello, el problema laboral ha quedado resuelto».
Mientras se pagaba a los siete tripulantes (otros cuatro ya fueron indemnizados a los pocos días de atracar en Tarragona), el armador ha contratado a 13 tripulantes procedentes de la India y de Myanmar (antigua Birmania) para hacer la puesta a punto del barco y que éste pueda zarpar de Tarragona para poder seguir operando. La previsión, según explica Obiols, es que «a lo largo de esta semana se reparen las deficiencias leves que tenía el barco y podamos hacer una nueva inspección con la intención de dar luz verde a la salida del mercante».
La situación del Altona podía convertirse en un problema grave si se demoraba en el tiempo. En la memoria colectiva aún está el recuerdo del mercante Istambul, cuya tripulación quedó ‘atrapada’ un año en la ciudad ante los impagos y el desinterés del armador en recuperar el carguero turco.
Ante ello, Capitanía Marítima tenía especial interés en poder solucionar la situación. Paralelamente a las gestiones, voluntarios de las ONG Stella Maris y Creu Roja ayudaron muchos días durante estas fiestas a estos siete tripulantes griegos y rumanos para poder hacer más soportable la situación. El barco todavía tenía alguna provisión en sus bodegas, pero a medida que pasaban los días agradecieron la comida que les llevaban ambas instituciones.
Capitanía Marítima impuso una fianza de 50.000 euros. Una vez resuelto el expediente sancionador (aún en trámite), se devolverá parte del montante si la sanción es inferior al depósito.
