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El Ayuntamiento de Tarragona ha acordado «no continuar» con la tramitación del proyecto de urbanización del plan parcial 43, conocido como el de Mas d’en Sorder. La administración local ha «archivado el expediente» que afecta a la construcción de una nueva urbanización de 236 viviendas junto al campo de golf Costa Dorada, además de la recuperación de la antigua masía modernista, en la que estaba prevista la construcción de un hotel de categoría superior.
La resolución se hacía pública esta semana, a través del tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Se trata de un procedimiento administrativo a través del cual se comunica la decisión adoptada en la Junta de Govern local, celebrada el día 5 de febrero, a nueve de las personas afectadas por esta decisión, y que no habían podido ser localizadas. En el documenta consta que el plan «se veía directamente afectado por la sentencia del Tribunal Supremo del 26 de octubre de 2020» en virtud de la cual se anulaba en su integridad el POUM de Tarragona.
Sin embargo, este es el primero de los planes parciales que se han visto afectados por la decisión del alto tribunal, que ha sido archivado ‘formalmente’ a la espera de lo que acabe pasando con la redacción del futuro POUM. De hecho, Mas d’en Sorder ya estaba en stand by antes de que se conociera la sentencia. Así lo acordó el pleno del Ayuntamiento celebrado el 22 de mayo de 2020. En este, los votos favorables del equipo de gobierno (ERC y ECP) y de los concejales de Junts per Tarragona y la CUP consiguieron la mayoría suficiente para decretar una moratoria en la concesión de licencias en este ámbito de actuación. La decisión se adoptó por el rechazo del Ejecutivo de la Plaça de la Font y de la formación anticapitalista a un plan que aseguran que no va en la línea del proyecto de compactación de ciudad. Finalmente, el PP43 pudo suspenderse gracias al voto favorable de los tres concejales de Junts per Tarragona, que se sumaron a la petición para llevar a cabo una modificación puntual del POUM, para reconsiderar el proyecto.
El plazo que se habían dado para dejar encarrilado el debate era de un año, así que este expiraba dentro de un mes. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo aparcaba estas conversaciones hasta dentro de unos meses, cuando deberán retomarse de nuevo para ver qué se hace definitivamente con este sector.
Y es que las normas urbanísticas temporales que está redactando el Ayuntamiento, para este periodo intermedio sin POUM, tan solo incluirán aquellos polígonos de actuación y planes de mejora urbana en suelo urbano. Y entre estos no figura Mas d’en Sorder, que en el texto refundido aprobado en 2013 tenía la catalogación de suelo urbanizable. Esto significa que el proyecto que quería impulsarse, que suponía una inversión de unos cien millones de euros según la sociedad promotora, tendrá que quedarse en el cajón como mínimo hasta dentro de cuatro años, que es cuando el Ayuntamiento calcula que podrá aprobar un nuevo POUM.
El adicto que salió publicado esta semana ya concreta que la resolución es «definitiva» en la vía administrativa. Asimismo, se comunica que aquellos que no estén de acuerdo disponen de un plazo de un mes a partir de su publicación para «interponer, potestativamente, un recurso de reposición delante de la alcaldía». Un plazo que se prolonga hasta los dos meses, en el caso de aquellos afectados que decidan presentar un recurso contencioso administrativo, delante del juzgado de lo administrativo de Tarragona.
La tramitación de este proyecto ha sido un Dragon Khan que en menos de un año ha dado un giro de 180 grados, antes de acabar en el cajón. En febrero del año pasado fue retirado en el último momento del orden del día del pleno en el que estaba previsto someterse a debate su aprobación. No obstante, este siguió adelante por «silencio administrativo», ya que no hubo una «resolución expresa dentro del plazo legal». Así es que se entendió que el plan podía seguir adelante, de acuerdo con la documentación aportada. Al final, la administración local se vio obligada a aplicar esta moratoria en la concesión de licencias para frenarlo en el último suspiro. Mientras tanto, la empresa promotora, Essentia Costa Daurada, sigue sopesando las diferentes alternativas ante la posibilidad de pedir una indemnización.
