El Ayuntamiento de TGN, obligado a expropiar una finca de la calle Armanyà

La apertura al mar de la calle Armanyà es uno de aquellas actuaciones que incluye el POUM, que nunca ha llevado la etiqueta de prioritaria, pero que contribuirán en transformar un pequeño ámbito de la ciudad. En los últimos años, los técnicos municipales se han visto en varias ocasiones con los expedientes que incorpora este plan encima de la mesa. Ahora, el Ayuntamiento de Tarragona se verá obligado a expropiar una de las fincas, lo que le obligará a desembolsar la cifra de 525.000 euros.

Para entender la situación actual hay que remontarse al año 2013, cuando se aprobó el POUM. En la ficha correspondiente a dicho plan de actuación, se contempla el derribo de dos inmuebles ubicados en uno de los extremos de esta calle –el más próximo a la Baixada del Toro– previa compra por parte del Ayuntamiento. El objetivo era ganar una nueva salida al mar, con una calle pensada para los peatones.

La intervención afecta a dos fincas. En un primer momento, los técnicos municipales defendieron que la solución era incluir un polígono de actuación, que suponía la construcción de un nuevo edificio en este entorno, como medida de compensación para los propietarios afectados. Sin embargo, en el último momento el Ayuntamiento aceptó las alegaciones de los vecinos, y en el redactado final no se contempló la construcción de ningún nuevo inmueble.

«Tenemos un POUM que nos dice que hay que abrir una calle y, como no se atribuye a ninguna figura de planteamiento concreto, quien debe asumirlo es el Ayuntamiento», explica el concejal de Territori, Xavier Puig. Transcurridos cinco años desde la aprobación del plan general, uno de propietarios acudió al Jurat d’Expropiació de Catalunya, para requerir a la administración local que procediera con la obligación que le correspondía. Fue en este momento, cuando en el anterior mandato se quiso salvar la situación, para que no afectara las arcas municipales. Así es que el Consistorio planteó una modificación puntual del POUM en este sector, para deshacer la opción que finalmente se había impuesto. De acuerdo con las negociaciones que se llevaron a cabo, se acordó la construcción de un inmueble de planta baja, más cinco alturas y un ático. Una opción que, con el cambio de Gobierno, volvía a cambiarse de nuevo. «Era una solución del todo insatisfactoria ya que la modificación consistía en hacer este polígono de actuación y se permitía la construcción de un edificio que llegaba a la misma altura que el número dos de la Rambla, a pesar de partir de más abajo», indica Puig. El concejal republicano defiende que «no se respetaba el skyline de la Baixada del Toro, vista desde la fachada marítima». «Tenemos una postal muy bonita de toda la ciudad y, con este nuevo edificio, quedaba completamente desconextualizado». Así es que es que se obligó a rebajar una altura y se impuso una cromatografía, para evitar que el nuevo inmueble no sobresaliera. Pese a ello, finalmente el Consistorio deberá atender a la resolución del Jurat d’Expropiació, que a partir de una tasación, determinó que el precio que deberá pagar la administración para la expropiación de la finca es de 525.000 euros. «El problema de fondo es que el POUM dijera esto y no lo vinculara con ninguna operación. Dicho esto, para la ciudad es positivo que en este ámbito se abra la calle y no esté vinculado a una operación urbanística. Lo que no tiene tanto sentido es cómo se hizo», añade. Si en un futuro se decide seguir adelante con el proyecto deberá comprar la otra finca. «Es un entorno en el que hay que abrir la calle, pensando en los viandantes. No será un corto plazo inmediato ya que hay espacios que necesitan inversiones importantes, pero en la medida en la que tengamos una solvencia y la posibilidad de hacerlo, apretaremos», añadía.