El Ayuntamiento de Tarragona denuncia veinte vertederos ilegales con multas de hasta 4.001€

Una empresa de construcción verte escombros en un solar municipal. Un periódico de Lleida deja bidones de 200 litros de pintura de imprenta en plena avenida de Torreforta. Y una empresa de carpintería aboca trozos de madera a escondidas en Les Gavarres. Estos son solo algunos de los ejemplos de vertedores ilegales que se han registrado a lo largo de este año en la ciudad de Tarragona. Desde el pasado diciembre, el Ayuntamiento ha abierto un total de veinte expedientes sancionadores por incumplimiento de la ley de residuos. Se trata de hechos probados y denunciados por la Guàrdia Urbana y que se traducen en multas de 4.001 euros por catalogarse como un delito contra el medio ambiente. 

El concejal de Neteja, Jordi Fortuny, define la aparición de los vertederos improvisados como «una lacra para la ciudad». Lo cierto es que, tras el confinamiento, el Consistorio ha detectado un aumento del número de puntos negros, lo que ha hecho saltar todas las alarmas. «Acabar con esto es una prioridad para este gobierno. No ahorraremos esfuerzos. Y es que debemos poner fin a estos comportamientos incívicos, que afectan tanto al medio ambiente como a la economía de las arcas públicas», asegura Fortuny. 

Para hacernos una idea, limpiar y deshacerse de los residuos de un vertedero ilegal puede costar hasta 80.000 euros. Es el caso de uno que se encontró al lado del supermercado Lidl de Les Gavarres hace aproximadamente unos dos años. Otro ejemplo es el vertedero improvisado que había en el Polígon Francolí. Dejarlo limpio y gestionar los residuos costó un total de 27.000 euros. Hasta el momento, las multas ascendían a 4.001 euros, pero Fortuny anuncia que se está valorando incorporar el coste de la limpieza del vertedero en la sanción.

De las veinte multas impuestas, una ya está cobrada, dos más están en trámite de pago y, las restantes, siguen la tramitación administrativa. Cabe recordar que entendemos como vertederos incontrolados la acumulación de muebles y residuos de una vivienda en un solar y las grandes cantidades de escombros o de material de construcción en lugares no habilitados. Es entonces cuando los técnicos municipales de limpieza y la Guàrdia Urbana consideran que se está atentado contra el medio ambiente. 

El Ayuntamiento tiene controlados los puntos más conflictivos, como son la zona del PP9 –Les Gavarres– y de los polígonos Francolí y Entrevies, el Camí del Llorito y el de la Coma de Bonavista, entre otros. 

El Ayuntamiento tiene previsto limpiar este diciembre todos los vertederos ilegales. De hecho, así lo hace periódicamente, pero la novedad ahora es que se instalarán carteles informativos y se controlará la evolución de todas las zonas detectadas como puntos negros. Otra de las novedades es que, a partir de este mes, se permitirá la entrada a la deixalleria fija de la calle Coure a las pequeñas empresas industriales para que puedan verter los escombros. Cabe recordar que la deixalleria solo aceptaba vertidos de particulares. Ahora el Ayuntamiento incluye las actividades económicas «como otra medida más para acabar con los vertederos incontrolados», apunta Fortuny.

300€ es la multa que deben pagar los infractores por saltarse la ordenanza municipal

Dejando a parte las sanciones administrativas, la Guàrdia Urbana y el Consistorio siguen sancionando por inclumplimiento de la ordenanza municipal de Convivència Ciutadana, que habla sobre el uso del espacio público. Desde el pasado diciembre, se han relaizado un total de 186 denuncias, repartidas entre los distintos artículos de la ordenanza. En este caso, la mayoría de sanciones ascienden a 300 euros. La norma que más se salta la ciudadanía es la de abandonar residuos voluminosos sin permiso y en lugares no autorizados. Se han interpuesto un total de 103 multas por incumplir este artículo –98.3–. 

Según Fortuny, las calles de la Part Alta son las principales víctimas de este tipo de incivismo. No es extraño encontrarse con muebles y electrodomésticos en cualquier esquina del casco antiguo. Pero no solo ocurre allí. «Hemos llegado a ver cosas tan raras como un colchón encima de un árbol», explica Fortuny, quien añade que durante el confinamiento se registró un importante aumento de estas actuaciones. «La gente cambiaba sus muebles y los dejaba en plena calle», explica. Las medidas que el Ayuntamiento pondrá en marcha a partir de ahora tienen que ver con la prevención y la pedagogía y con las sanciones. Por un lado, Fortuny destaca la importancia de educar y explicar cómo se debe hacer. «Nos hemos encontrado con empresas que no saben cómo deshacerse de los residuos», explica el concejal.

Muebles, escombros y tinta

De entre los veinte expedientes abiertos, hay algunos de curiosos que vale la pena explicar. Es el caso de un vertedero de muebles que se encontró en un camino del río Francolí. Un trabajador de una empresa de traslados de Torreforta dejó todo un piso entero. La multa es de 4.001 euros para la empresa. El infractor asumió su responsabilidad verbalmente, pero no por escrito. Por lo tanto, el Ayuntamiento le sancionó y el cobro está pendiente de un embargo en la cuenta. 

Otro de los casos curiosos se remonta al mes de abril de este año. La Guàrdia Urbana emitió un informe que hablaba de la aparición de tres bidones grandes –de 200 litros– de pintura de periódico, en el terreno de la avenida President Tarradellas, en el barrio de Torreforta. Después de mucho investigar, se encontraron indicios de que el origen de la tinta era de un periódico de Lleida. La sanción ya ha sido notificada. 

Por otro lado, en julio, la Guàrdia Urbana iniciaba una investigación para descubrir el responsable de un vertedero ilegal formado por escombros de una obra, situado en la calle 2 de Bonavista. El informe constataba que, ese mismo día, dos agentes del mismo cuerpo policial habían observado una persona vertiendo, en dos ocasiones, residuos en el lugar. Uno de los agentes se personó hasta el domicilio donde se hacía la obra y la conclusión fue que el responsable del vertido era el trabajador de la empresa, quien no ha aceptado la responsabilidad. También será sancionado con 4.001 euros.