El Ayuntamiento de Tarragona no quiere que la Policía Judicial investigue el Jaume I

El Ayuntamiento de Tarragona ha pedido al Juzgado de Instrucción número 3 que la Policía Judicial no investigue el sobrecoste del párking Jaume I, una obra que –inicialmente– debía costar 3,9 millones de euros pero que hasta la fecha ya ha supuesto un gasto de más de treinta para las arcas municipales. Así lo pone de manifiesto en un escrito que la administración local presentó el pasado 27 de diciembre, al que ha tenido acceso el Diari.

Se da la circunstancia de que la corporación liderada por Josep Fèlix Ballesteros (PSC) –que siempre ha manifestado que quiere llegar «hasta el final» para analizar las claves del desvío de la polémica actuación– ya se opuso hace un año a que la causa fuera declarada como compleja y que se prorrogara un año la investigación, un hecho que finalmente sí que se dio pese a la oposición de los juristas municipales.

Además, en el último escrito, el Consistorio se desmarca de la opinión de la Fiscalía Provincial, que recientemente se una unido a la petición de la plataforma denunciante para solicitar la actuación del cuerpo de seguridad estatal para que investigue la contabilidad entre las dos empresas que formaron parte de la Unió Temporal de Empresas (UTE) que intentó construir el aparcamiento: Sistemas Alem y Aparcaments Municipals de Tarragona.

Ya hay auditor

Pese a ello, recientemente el juez que instruye el caso –Antoni Gambón– ha hecho caso omiso a las peticiones de la parte denunciante y de la Fiscalía, y ya ha solicitado al Col·legi d’Auditors de Comptes que designe a un auditor para analizar la contabilidad entre las dos compañías que formaron parte de la polémica UTE.

La entidad que llevó el sobrecoste del párking Jaume I ante los tribunales –la Plataforma Veu Ciutadana– ha introducido un documento al juzgado en el que muestra su contrariedad por el nuevo encargo que ha realizado el juez, que se suma al que ya hizo al perito Javier Vivas Morte y que supuso un gasto de 98.000 euros para las arcas públicas. «Es un auténtico despropósito utilizar recursos públicos para sufragar costosos peritajes», indica la entidad en el escrito, a la vez que insiste en que se trata de un trabajo que, a su juicio, debería llevar a cabo la Policía Judicial. «Por mucho menos, innumerables jueces de instrucción de este país recurren a diario en su auxilio para investigar irregularidades contables como las que acontecen en este caso», remarca la parte denunciante, quien pone de manifiesto que el coste que tendría para las arcas públicas «sería mucho menor» que lo que costará ahora el nuevo informe.

«Es notorio y saltan a la vista los casos en los que, precisamente, por el auxilio que la Policía Judicial presta a los jueces con sus investigadores se destapan toda clase de defraudaciones», exclama el escrito.

‘Sólo quieren poner dudas’

La opinión de Veu Ciutadana es criticada por parte de los letrados municipales, que consideran que «la recurrente aprovecha cualquier ocasión para intentar que la investigación judicial se centre en cuestiones ajenas». A juicio de los especialistas que representan al Consistorio, «la pretensión de la recurrente supone una perturbación de la instrucción y denota la reiterada voluntad de la acusación de mantener mediáticamente presente este proceso».

Asimismo, los letrados del Consistorio «no dudamos de que la Policía Judicial dispone de expertos en la materia» para realizar la investigación, pero «sin lugar a dudas la experiencia radica más en el colegio profesional al que se ha acudido», ya que considera que «son los garantes de la objetividad de una informe de esta envergadura y trascendencia». Finalmente, los abogados de Aparcaments critican que Veu Ciutadana «sólo quiere poner en duda el rigor de la instrucción» del caso.