El Ayuntamiento de Tarragona paraliza la residencia de la Arrabassada

El Ayuntamiento de Tarragona paraliza la construcción de la nueva residencia de gente mayor de la Vall de l’Arrabassada. Así lo anunció ayer el concejal de Patrimoni, Hermán Pinedo (ECP), durante el pleno municipal en el que, en teoría, debía debatirse el plan especial presentado por la empresa privada que el pasado mes de septiembre ganó el concurso público para edificar y gestionar durante cincuenta años el equipamiento situado en la zona de Llevant, a cambio de un canon de 135.000 euros anuales.

El representante de los Comuns solicitó al alcalde, Pau Ricomà (ERC), retirar el punto del orden del día «para un mejor estudio» y «poder tener en cuenta la situación que se ha generado en las residencias durante la crisis sanitaria de la Covid-19». Se da la circunstancia de que la compañía que se impuso en la licitación –Domus Vi– ha sido una de las más damnificadas por la crisis en las instalaciones sociales durante los últimos meses. De hecho, la Fiscalía del área de Mataró ha iniciado una investigación sobre los 84 fallecimientos denunciados en la residencia Ca n’Amell de Premià de Mar, a raíz de la crisis del coronavirus. En la instalación del Maresme hubo 84 muertes de personas mayores y 172 contagios, lo que representó el 90% de los residentes.

A raíz de ello, el 3 de abril el Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya (CatSalut) intervino la residencia, tras constatar una «gestión irregular» en dos muertes a causa de la Covid-19 no notificadas. Según informó en un comunicado, el centro geriátrico no facilitó las defunciones por coronavirus hasta el día 1 de abril, a pesar de que el Centre de d’Assistència Primària (CAP) les reclamaba desde el 23 de marzo datos de pacientes y posibles infectados.

Ante esta situación, y siguiendo órdenes del CatSalut, profesionales de asistencia primaria entraron en la residencia para tomar el control de la gestión del centro. Posteriormente, en mayo, los familiares de los fallecidos emitieron un comunicado de prensa en el que denunciaron «ocultación de muertes, falta de colaboración con el ministerio publico y mala gestión», por lo que anunciaron que están estudiando emprender acciones legales contra el centro.

De educativo público a sanitario

En Tarragona, esta empresa se impuso hace diez meses en el concurso para dirigir un geriátrico en un solar municipal de la Vall de l’Arrabassada. Se da la circunstancia de que la finca en la que se construirá la nueva residencia privada –en la calle Mercè Rodoreda, en una finca situada junto a Llorenç Vilallonga–, es en la que inicialmente estaba previsto ubicar la escuela pública del barrio de Llevant, que al final se edifica –no sin problemas– en otro terreno cercano. Por ello, en el POUM se concreta que el terreno –que cuenta con 10.473 metros cuadrados de superficie y que tiene una fuerte pendiente– estaba calificado como de uso educativo.

De hecho, el Consistorio llevó a cabo la adjudicación del uso del terreno con la condición de que la empresa ganadora debía tramitar el Pla Especial –que es lo que debía votarse ayer– para recalificar el uso y permitir que se incluyera la actividad sanitaria.

Críticas del PSC

Ayer, el portavoz de ERC –Xavier Puig– manifestó que «hay tiempo suficiente para aprobarlo, por lo que podemos aprovechar para disipar las dudas que puedan surgir a raíz de la Covid-19». Precisamente, el proyecto de Llevant era uno de los puntos en los que el gobierno municipal (ERC-Comuns) había perdido el apoyo de las dos concejales de la CUP, que ayer –pese a «celebrar» la suspensión del proceso– lamentaron que se trata de una decisión que llega «muy tarde», y recordaron que «llevábamos muchos meses pidiendo el gobierno que rectificara», según indicó Laia Estrada. Este giro del ejecutivo hace sospechar a las cupaires. «Será necesario ver los siguientes pasos, ya que tememos que se quede solo en un gesto coincidiendo con el pleno monográfico del Parlament sobre residencias», añadió Estrada.

La postura del gobierno no gustó al PSC, que ayer aprobó la modificación de la plantilla municipal con ERC y Comuns a pesar del rechazo de los sindicatos. «Vuelven a generar inseguridad jurídica, ya que la adjudicación fue con todos los informes favorables. En la ciudad necesitamos equipamientos de calidad, no entendemos la operación», indicó la socialista Begoña Floria, quien añadió: «Es una muy mala noticia, crean inestabilidad como en el caso de Mas d’en Sorder. Esto no es propio de un gobierno serio» criticó la edil, quien lamentó las razones «no muy bien explicadas» por parte de Hermán Pinedo.