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El Ayuntamiento pide al juez que no amplíe la investigación del Jaume I

El Consistorio argumenta que los responsables 'o bien ya han declarado o han fallecido'

Octavi Saumell

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Imagen de ayer del espacio que se proyectó para que fuera un aparcamiento inteligente pero que, de momento, es sólo un agujero. Foto: Pere Ferré

Imagen de ayer del espacio que se proyectó para que fuera un aparcamiento inteligente pero que, de momento, es sólo un agujero. Foto: Pere Ferré

Inesperado cambio de rumbo en la investigación del caso del no párking Jaume I. Pese a que el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), ha manifestado en reiteradas ocasiones que está dispuesto a llegar «hasta donde sea necesario» para determinar las responsabilidades y los culpables de la desastrosa obra de la Part Alta, lo cierto es que los servicios jurídicos del Ayuntamiento no actúan en la misma dirección que los deseos expresados públicamente por parte del máximo responsable municipal.

Según ha podido contrastar este periódico, el Ayuntamiento presentó la pasada semana en el Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona un escrito en el que se opone a ampliar el periodo de investigación del caso del aparcamiento que –inicialmente– debía costar 3,9 millones de euros pero por el que las arcas municipales ya se han endeudado –como mínimo– por más de treinta. El documento se hizo llegar el pasado 14 de abril al magistrado Antoni Gambón Vilalta a raíz de la petición que, hace un mes, realizó la denunciante del caso –Veu Ciutadana– para que la causa fuera declarada «compleja» y se ampliara, de este modo, el plazo de instrucción de la causa.

¿De 6 a 18 meses?

En el escrito, presentado el 31 de marzo, la acusación del caso puso de manifiesto que «el resultado del informe pericial recabado por este juzgado evidencia que la instrucción de la presente causa exige que deba realizarse todavía el examen de abundante documentación o complicados análisis», que «irremediablemente obligan a la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial». Según los representantes de la parte denunciante, «sólo con la declaración de complejidad de la presente causa podrá darse por finalizar la instrucción».

En concreto, el artículo 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que «las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas». Pese a ello, se especifica que «antes de la expiración de ese plazo, el instructor, a instancias del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja cuando, por circunstancias sobrevenidas a la investigación, ésta no pudiera razonablemente completarse en el plazo estipulado».

En este sentido, el artículo 324.2 afirma que «si la instrucción es declarada compleja el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho meses», que es lo que pide ahora la parte denunciante.

Veinte millones sin justificar

La acusación solicita la prórroga de la instrucción en base al trabajo que, el pasado 11 de marzo, presentó ante el juez el perito judicial, Javier Vivas Morte. En este informe el ingeniero contratado por el juzgado puso de manifiesto que sólo ha logrado 348 facturas del caso, que ascienden a un montante global de 11,3 millones de euros, una cifra que es sólo la tercera parte de los más de treinta millones que el Consistorio asegura que ha costado la construcción del agujero de la Plaça de l’Escorxador. Esta cifra se traduce en el hecho de que hay veinte millones de euros que se habrían gastado sin que haya ninguna justificación.

En el documento –que cuenta con más de 600 páginas– el especialista afirma que «se aumentaron sin justificación los precios un 20% respecto a las ofertas aprobadas», a la vez que lamenta que «no he podido acceder a muchísimas otras facturas que acrediten el pago de varios trabajos».

Finalmente, Vivas Morte indicó también al juez que «no dispongo de la contabilidad entre

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