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El Ayuntamiento de Tarragona incoará una sanción de 60.101,21 euros a la empresa que realiza el servicio de la recogida de la basura por una infracción «muy grave» del contrato vigente. Así se decretará en el pleno municipal de hoy, en el que el gobierno municipal (ERC–Comuns) propone la multa tras haber detectado –y posteriormente confirmado– irregularidades en la descarga de residuos no aptos para tratarse en las instalaciones de Sirusa.
En el expediente se especifica que, después de recibir la denuncia de la mancomunidad, se descubrió que un vehículo de FCC «efectuaba el recorrido establecido en el contrato, pero que antes de entrar en Sirusa –que es su destino final– hay días en los que entra primero en la deixalleria municipal». En este punto, el expediente de Neteja Pública recalca que «los residuos de la deixalleria los debe gestionar el concesionario directamente a su cargo y de forma selectiva, en ningún caso deben ir a Sirusa», ya que allí «solo pueden llevarse residuos procedentes de los contenedores ubicados en la vía pública destinados a la Fracció Resta».
Asimismo, en el informe municipal se pone de relieve que, el pasado 19 de febrero, el mismo vehículo que realizaba el servicio de la recogida comercial en horario de mañana «sale expresamente de la planta de FCC a las 23.04 horas, sin estar asignado a ningún servicio de noche, para ir a la deixalleria, vaciar 18 contenedores e ir a descargar a Sirusa».
Seguidamente, el 25 de febrero Sirusa comunicó que «últimamente hemos notado incrementos de emisiones puntuales que nos distorsionan el funcionamiento de la planta y que no son coherentes con la tipología de residuos que recibimos habitualmente», por lo que entonces inició una serie de controles en algunos camiones. Uno de ellos era el mencionado de la empresa gestora del servicio en Tarragona, del que se detectó que «descargaba residuos y materiales no admitidos ni por nuestro reglamento ni por la autorización ambiental, como colchones, pinturas y madera».
Expediente
Una vez iniciado el expediente, la empresa FCC presentó alegaciones, que hoy serán desestimadas. Esto conllevará que el Consistorio imponga la sanción mínima prevista según el pliego de cláusulas del contrato, que es de 60.000 euros. Pese a ello, en el acuerdo se especifica que «se advierte al concesionario de que, en caso se detecten más infracciones en el ámbito de valorización, el Consistorio podrá imponer nuevas penalidades, ponderándose el importe hasta el máximo previsto en el pliego atendiendo a la reicindencia de la conducta y a la gravedad de las consecuencias medioambientales que puedan suponer».
Ayer, el concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny, confirmó que el Ayuntamiento tiene más expedientes abiertos por otras infracciones de la empresa.
