El Corredor del Mediterráneo y la A-27 para combatir el paro, propuestas de los candidatos para TGN

Tarragona tiene un 15% de paro, la cifra más alta de las cuatro demarcaciones catalanas (en Barcelona es del 11,1%; en Girona, del 11,4%, y en Lleida, del 10,6%). Está por encima de la media de Catalunya (11,5%) y España (14,1%). A 31 de marzo había exactamente 48.514 tarraconenses sin trabajo. Son cifras preocupantes. ¿Cómo paliarlas?

Los seis candidatos por Tarragona coinciden en la necesidad de apostar por un empleo de calidad, pero difieren en cómo conseguirlo. El aspirante de ERC, Jordi Salvador, es el más pesimista de los seis y considera que en el actual Estado español es prácticamente imposible reducir el paro y de ahí la necesidad de que Catalunya se independice. «Es difícil combatir el desempleo en un Estado como el español, con graves problemas estructurales, especialmente por la debilidad del sistema productivo y la precariedad que genera. Por eso apostamos por una república con trabajo y salario dignos», asegura Salvador.

En el otro extremo, el número 1 de la lista del PP, Jordi Roca, culpa de todos los males laborales que sufre Tarragona y el conjunto de España a socialistas («la moción de censura puso fin a la recuperación», dice) e independentistas. Para Roca, «es importante coordinar con la Generalitat, ya que la provincia de Tarragona históricamente había estado bastante por debajo del paro nacional y, desde el tripartit empezamos a reducir distancia y con el Procés nos hemos puesto por encima de la media nacional, lo que nos permite descubrir que el centralismo de Barceluña es letal para el empleo en la provincia de Tarragona».

Parados de más de 45 años

El análisis de los datos del Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat por ámbitos territoriales desvela que hay más mujeres en paro que hombres (21.084 frente a 16.768 en el Camp de Tarragona y 5.482 frente a 4.199 en las Terres de l’Ebre) y que tienen mayoritariamente 45 o más años, lo que complica aún más su empleabilidad. En el Camp de Tarragona son 19.246 las personas en paro que rondan la cincuentena y en Terres de l’Ebre, 5.241. Suponen el 51% y 54% del total, respectivamente.

Los datos de la Generalitat incorporan los del Baix Penedès al ámbito «Penedès», de ahí que la suma de hombres y mujeres sin empleo en el Camp y Ebre sea de 47.533 y no de 48.514. En el Baix Penedès hay 981 desempleados.

Un 59% de parados en el Camp de Tarragona tenía un nivel de formación correspondiente a educación general básica, un 7% de estudios primarios completados, un 10% de estudios primarios sin completar y un 5% carecían de estudios. Es decir, ocho de cada diez parados contaban con un bajo nivel de formación, el mismo porcentaje que en el conjunto de las Terres de l’Ebre.
Precisamente una de las medidas que propone Ferran Bel, número 2 de Junts per Catalunya, es «invertir más en formación y acompañamiento, reforzando las políticas activas de empleo, especialmente en determinados colectivos como jóvenes o mayores».

Entre las ideas que lanza el candidato de En Comú Podem, Ismael Cortés, está promulgar una ley contra la precariedad laboral «que evite que las empresas puedan hacer contratos temporales menores a un mes; que penalice en la cotización de la seguridad social a aquellas empresas con una alta tasa de temporalidad; que ponga orden en la subcontratación para proteger los derechos laborales; que convierta el trabajo parcial en una opción digna; que establezca un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros, y que recupere el poder de la negociación colectiva para los sindicatos y comités de empresa». 

El aspirante del PSC, Joan Ruiz, apuesta por, entre otras cuestiones, potenciar las infraestructuras: «Es fundamental terminar la A-27 y el Corredor del Mediterráneo y continuar invirtiendo en el Aeropuerto y el Port. Todo ello asegurará nuestra competitividad y un futuro de empleos estables y bien remunerados».

Desde Ciudadanos, su cabeza de lista por Tarragona, Sergio del Campo, defiende «repensar los sistemas públicos de colocación para que sus intermediaciones en el mercado de trabajo dejen de ser residuales» y «revolucionar las políticas activas de empleo que deben de tener mayor peso en relación con las pasivas (subsidios y prestaciones)».