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Habían pasado seis meses desde que los grupos municipales se reunieron por última vez en comisión para hablar sobre los Juegos Mediterráneos. Ayer volvieron a encontrarse y abordaron algunas de las dudas sobre la celebración del acontecimiento deportivo, previsto para el próximo verano. La mayoría de grupos de la oposición no lo ven claro, y mucho menos después de las últimas noticias publicadas por los medios de comunicación, tanto la demora de la cuarta fase del Palau d’Esports, como el recurso interpuesto por una empresa contra la adjudicación de unos servicios para los Juegos.
La situación política en Catalunya ha activado las alarmas, pero Javier Villamayor, concejal responsable de los Juegos Mediterráneos, asegura que «tanto el Consell Català de l’Esport, con Gerard Figueras, –que no ha sido destituido durante la aplicación del artículo 155–, como el Consejo Superior de Deporte, tienen como prioridad autorizarla partida de 2,9 millones de euros para llevar a cabo la cuarta y última fase del Palau d’Esports», y añade que «será cuestión de días». Villamayor reconoce que se trata de una gestión urgente, ya que «el plazo es ajustado».
Los grupos de la oposición no quedaron muy satisfechos de las explicaciones de los responsables de los Juegos. Por su parte, Pau Ricomà, portavoz de ERC, alertó ayer, después de la comisión de seguimiento, «de la falta de previsión de los organizadores», y también añadió que «aún no se ha definido el modelo de gestión de los equipamientos». Desde la CUP, su portavoz Laia Estrada criticó las dudas que «rodean a los Juegos».
Por su parte, algunos diputados de Ciutadans preguntaron ayer en el Congreso sobre el control de los movimientos de fondos por parte de la Fundació Tarragona 2018, después del recurso que ha interpuesto una empresa contra la adjudicación de unos servicios relacionados con la gestión de acreditaciones de los Juegos.
