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Las comparaciones son odiosas. Mientras que a sólo dos años para la celebración de los Juegos del Mediterráneo de 2017 la ciudad de Tarragona sigue luchando para lograr 15 millones de euros en inversiones por parte del Gobierno Central, hace una década la administración estatal financió obras por valor de cuarenta millones para el mismo evento que se llevó a cabo en Almería.
Así se recoge en la memoria de gestión de la competición deportiva que se realizó en la localidad andaluza hace ahora justo diez años, y a la que ayer tuvo acceso este periódico. En el documento se especifica que el Estado –mediante el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Ministerio de Medio Ambiente– sufragó íntegramente la construcción de dos instalaciones, mientras que también colaboró con otros dos equipamientos. Asimismo, estas obras se sumaron a las bonificaciones fiscales que se otorgaron a las empresas que patrocinaron el evento.
Un estadio de 21 millones
En concreto, las arcas estatales pagaron el alzamiento del Estadio Mediterráneo de Almería, que costó 21 millones de euros. En este equipamiento, con capacidad para 24.800 espectadores, se llevó a cabo la competición de atletismo, la final de fútbol y las ceremonias de inauguración y clausura.
Asimismo, la corporación estatal también asumió, mediante el Ministerio de Medio Ambiente, la obra del Canal de Cuevas del Almanzora, donde se disputó la competición de remo y piragüismo. Esta actuación contó con un presupuesto de 12,2 millones de euros.
Por otra parte, el Consejo Superior de Deportes también se involucró en las construcciones del estadio de fútbol de El Ejido y de Roquetas de Mar. En ambos casos, la administración central colaboró con los ayuntamientos de ambos municipios para pagar los 9,7 y los 6,4 millones que costaron, respectivamente, ambas instalaciones.
Polémica entre el COE y el PP
Todas estas obras en las que tomó partido el Estado ponen de relieve el trato diferencial que el Gobierno Central está otorgando a ambas localidades, ya que en el caso de Tarragona aún no se ha asegurado que llegue ni un euro en inversión, sino que sólo se han facilitado las reducciones fiscales a las compañías privadas.
Según el gobierno local, el Estado debería invertir 15 millones de euros en la ciudad (un 37,5% de lo que pagó para Almería), que deberían destinarse al estadio desmontable de atletismo (1,8 millones), el centro acuático (7,6), la reforma del estadio de atletismo (2,9) y la remodelación del Nou Estadi del Gimnàstic (2,4).
El pasado miércoles, el diputado del PPAlejandro Fernández afirmó que «no es verdad que el Estado no aporte nada y que no se implique, su contribución es superior a la de la Generalitat y la Diputació», dijo. El diputado fue más allá. «El Gobierno aporta entre 22 y 27 millones en concepto de bonificaciones fiscales, que es dinero que deja de ingresar». Fernández culpó a la organización de haber recaudado «tan solo» once de los treinta millones previstos en materia de patrocinadores privados. «Y ahora que les faltan entre doce y treinta millones piden el dinero para la piscina. En el convenio entre el Ayuntamiento de Tarragona y el Gobierno no se incluyó una partida concreta para este equipamiento», aseguró un Alejandro Fernández que afirmó que «ha sido una partida sobrevenida».
Estas manifestaciones fueron criticadas el pasado viernes por parte del presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, quien recordó que el trato fiscal a las empresas «se da en todos los campeonatos» y remarcó que «es dinero privado cuya repercusión para las arcas del Gobierno se multiplica por cuatro». Blanco añadió, asimismo, que el evento «debe contar con dotación económica tanto en 2016 como en el siguiente ejercicio», a la vez que remarcó que «sería preocupante y dañaría mucho la imagen de la Marca España que el Gobierno no cumpliera con sus compromisos».
