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Los servicios técnicos del Àrea de Territori del Ayuntamiento de Tarragona trabajan a contrarreloj para superar la situación de vacío que se generó cuando el pasado 13 de noviembre el Tribunal Supremo notificaba la suspensión del POUM. A lo largo de las últimas semanas la administración local se ha reunido en reiteradas ocasiones con el Departament de Territori de la Generalitat. Ambas partes crearon una comisión de trabajo para abordar la redacción de las normas urbanísticas, que regularán este periodo de transición hasta la aprobación del nuevo plan general. Y, en este sentido, el secretario de Àgenda Urbana i Territori de la Generalitat, Agustí Serra, se muestra convencido de que en un periodo de unos «cuatro meses» la documentación podrá ser aprobada por la vía de urgencia, por parte del conseller.
Serra hacía estas declaraciones en una entrevista que saldrá publicada este domingo. Durante la conversación, el responsable en materia urbanística de la administración catalana explica que la solución que se ha adoptado es la que se ha utilizado en otros municipios como Mollet del Vallès, donde también hubo un caso similar a partir de una sentencia del Supremo. «Cuando se publique el anuncio, que supongo que será pronto, el POUM se desactivará y entra en juego el plan general anterior, que es de 1995», indica. Entre la aprobación de uno y el otro hubo un periodo de tiempo de dieciocho años con un boom demográfico, una burbuja inmobiliaria y una crisis del ladrillo. «Lo que pasa es que el planteamiento anterior está muy desfasado», indica Serra. Para evitar dar este salto hacia atrás de más de 25 años, se ha buscado esta figura de unas normas de planeamiento urbanístico con carácter de urgencia, de acuerdo con lo que establece los artículos 62 y 63 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Según concreta Serra, este documento recogerá «la regulación y ordenación del suelo urbano del POUM de 2013». De esta forma, podrán mantenerse algunos de los sectores de crecimiento como son el PMU-34, que no figuraba en el plan general de 1995 y que prevé la construcción de unas 550 viviendas en los terrenos junto al Nou Estadi. La nueva zona de viviendas en la entrada a la ciudad desde la carretera de Valls o el plan parcial 14 –delante del Col·legi Sant Pau– son otros de los ámbitos que podrían seguir adelante a partir de la aprobación de estas normas.
La Budellera quedará como suelo no urbanizable hasta que no haya un nuevo planTambién se mantendrán aquellos planes parciales que estaban aprobados y pendientes de desarrollo. En cambio, se está acabando de estudiar si podrá incluirse el sector Culubret, cuyo proyecto de reparcelación estaba en fase de exposición pública, a la espera de poder iniciar las obras a lo largo del próximo mes de febrero. «Los que tengan la reparcelación aprobada estarán seguro, pero en este caso en concreto no podemos asegurarlo aún. Hay que ver qué podemos hacer, porque hay matices jurídicas que debemos estudiar», indica el representante del Govern de la Generalitat.
Serra también explica que los proyectos que quedarán fuera son todos aquellos que estaban en suelos urbanizables, sin un planeamiento aprobado. Es el caso, por ejemplo de La Budellera o Mas d’en Sorder. «En las normas quedará como suelo no urbanizable y, en todo caso, en el nuevo POUM ya se decidirá qué se acaba haciendo». Esta situación ataca directamente a dos de los proyectos que han sido más cuestionados en la ciudad en los últimos tiempos. Por un lado, la macrourbanización prevista entre la Vall de l’Arrabassada y Boscos, con 4.500 viviendas y que estaba a la espera de su aprobación inicial después de que las cuatro versiones anteriores fueron tumbadas. El pasado 7 de octubre, la Junta de Compensació de Propietarios presentó un nuevo proyecto, que estaban estudiando los servicios técnicos municipales para que pudiera llevarse a cabo su aprobación inicial. Ahora, sus promotores tendrán que esperar a ver qué dice el futuro POUM. En una situación similar se encuentra la sociedad Essentia Costa Dorada, impulsora de una urbanización con 236 viviendas junto al campo de golf. En este caso, el proyecto ya estaba frenado desde el Ayuntamiento, después de que en mayo del año pasado se aprobó una moratoria a través de la cual se suspendía durante un periodo de un año la concesión de licencias.
El equipo de gobierno, con Junts per Tarragona y la CUP querían impulsar una modificación puntual del POUM para replantear este ámbito. Ahora esta espera será más larga.
Agustí Serra explica que el carácter «excepcional» y «extraordinario» es el que permitirá que estas normas urbanísticas se aprueben con este carácter de urgencia. «A diferencia de un instrumento ordinario como es un POUM, que exige una tramitación larga, con una aprobación inicial, la provisional y los periodos de informaciones públicas, aquí las normas las aprueba la Generalitat directamente», indica Serra. No será necesario que su contenido pase por el pleno ni que tenga que hacerse en varias fases. Al tratarse de un instrumento provisional y transitorio todos estos pasos son innecesarios. «La declaración de urgencia la hace el Govern, a través del Consell Executiu, y la aprobación corresponde al conseller», sigue explicando.
Durante este periodo ambas administraciones afirman que el intercambio de información es constante. Con todo, el secretario de Agenda Urbana i Territori se muestra convencido de que esta primera parte «es cuestión de meses». Sin embargo, esto tan solo representa un calentamiento de cara a los próximos meses. Y es que, en paralelo la administración local debe iniciar la redacción del nuevo POUM, que definirá el futuro de la ciudad.
El alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, habló sobre al respecto en un entrevista con este medio de comunicación la semana pasada. El presidente de la corporación municipal afirmaba que «es difícil que se apruebe este mandato». En cambio, afirmaba que «al siguiente lo tendremos». Falta por ver cómo lo aguanta a nivel interno la maquinaria del Ayuntamiento.
