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El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado este martes la primera sanción contra el propietario del Iot, que asciende a 11.000 euros. Así se especifica en la resolución firmada por el director general de Patrimoni del Govern, Francesc Sutrias, que ahora da un mes al titular del negocio para que pueda presentar recurso ante la propia administración.
En el texto, el alto cargo de la corporación autonómica especifica que se multa al Iot de manera «coercitiva», en «ejecución de una resolución de desalojo», por lo que «se requiere la entrega en ocho días hábiles de la posesión del bien inmueble ocupado». La cantidad estipulada de la sanción –11.000 euros– corresponde al 5% del valor del inmueble, valorado en 220.000 euros.
Expediente de desahucio
A juicio de los técnicos de la corporación autonómica, el negocio debería haber cerrado el pasado 30 de noviembre, fecha en la que el Govern entiende que se extinguió el contrato de alquiler que mantenía con el Iot, ya que el inmueble situado en la Plata Llarga es propiedad del Govern. Pese a ello, y a las reiteradas notificaciones realizadas a lo largo de los últimos meses para que el Iot cerrara sus puertas y el espacio pudiera sacarse a licitación pública, el establecimiento sigue con actividad de viernes a domingo, sin el consentimiento de la Generalitat.
El Govern, de hecho, entiende que el propietario del negocio «ya no cuenta con el título habilitante» de la administración para poder llevar a cabo su actividad. Por esto, recientemente le abrió un Expediente Patrimonial, que es el inicio del proceso para desahuciarlo, en caso que sea necesario.
Desde el negocio se ha expresado en varias ocasiones la voluntad para llevar el caso ante la justicia ordinaria.
