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La Generalitat de Catalunya tiene muy avanzado un nuevo decreto para que, a partir del próximo curso, las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) dejen de gestionar los comedores escolares de los centros educativos públicos.
Esta medida, que ha generado un importante rechazo entre sindicatos y buena parte de la comunidad educativa, afecta a un total de 117 Ampas de la provincia de Tarragona. Estas entidades se encargan desde hace más de dos décadas de, aproximadamente, un 30% de los comedores de las guarderías, escuelas e institutos de titularidad autonómica o municipal que hay en el conjunto de Catalunya.
En el primer esbozo del futuro decreto, al que ha tenido acceso este periódico, se indica que la Conselleria de Ensenyament «es la titular de la competencia» y que delega en los «titulares del Departament de las direcciones territoriales» la responsabilidad «para contratar» el servicio de comedor escolar. En el texto se especifica que, asimismo, el Govern podrá derivar la competencia «en las direcciones de los centros», así como que «también puede atribuirse la competencia a los Consells Comarcals o en los Ayuntamientos».
La gran novedad del texto que la Generalitat quiere tener definido antes de Semana Santa para que entre el vigor el próximo verano es que, a diferencia del anterior decreto de 1996, se olvida de las asociaciones de padres y madres.
Así, en el texto de la época de Jordi Pujol (CiU) –que actualmente aún está en vigencia– se indicó, textualmente, que la gestión del comedor podía realizarse «a través de convenios con entidades que ofrezcan garantía suficiente de la correcta prestación del servicio» aparte de que lo hagan la Generalitat, los Consells Comarcals o los propios ayuntamientos. Este punto ha desaparecido en el nuevo redactado.
«Las Ampas estarán presentes»
El director general de Atenció a la Infància i a la Comunitat Educativa de la Generalitat de Catalunya, Ramon Simon, indica al Diari que la modificación legal se debe a la necesidad que tiene el Govern para «cumplir con la legislación vigente», que obliga a que sean las administraciones públicas las únicas capacitadas para realizar contrataciones de servicios públicos.
«Pese a que no puedan firmar, garantizaremos la presencia de las Ampas en todos los órganos de contratación y de control. Han tenido un papel muy importante y no queremos que se queden al margen», afirma Simon, quien resalta que las Ampas estarán presentes «tanto en la mesa de contratación como en la Comissió del Menjador y el posterior control de calidad».
Por lo que se refiere a la forma de contratación, Simon indica que «el factor económico no será el más importante», sino que se apostará por «la calidad alimentaria y educativa, con la promoción de los productos ecológicos y de proximidad». De esta forma, el alto cargo del Govern considera que «se evitará que determinadas empresas puedan reventar el mercado». Simon recalca que la Generalitat no implementará de golpe el nuevo decreto. «Dejaremos acabar los contratos vigentes, de forma que los comedores escolares tengan tiempo para adaptarse», indica. En concreto, este plazo será de dos años.
Frente común contra el decreto
La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) muestra una oposición «frontal» contra el nuevo decreto. Así lo indica la directora técnica de la entidad, Lidon Gasull, quien lamenta la «falta de diálogo» entre el Departament y la comunidad educativa.
En este sentido, el temor es que, ahora, la gestión de los comedores escolares «se dé a grandes empresas, que priorizarán los intereses económicos y el margen de negocio». Asimismo, desde la FAPAC se considera que tienen derecho a contratar el servicio, ya que «son los padres los que pagan íntegramente el coste. Si la administración no abona nada, ¿por qué no pueden contratar las familias el comedor?», se pregunta.
En la misma linea se expresa Mario Parra, miembro de la plataforma SOS Menjadors. «El decreto está pensado para las grandes compañías, con megacocinas, que se aleja mucho del modelo de proximidad y de la soberanía alimentaria que es necesario». Parra critica que, en el documento, «no se asegura el uso de fruta de temporada, de un ratio mínimo para la cocina o el uso de verdura fresca». También denuncia que en el primer esbozo «no se especifica que el tiempo de comedor también es un espacio educativo».
Desde la plataforma SOS Menjadors se teme «un aumento del precio para que las compañías puedan tener más margen de beneficio», y se reivindica que exista un mayor control en los centros concertados, «donde el precio del menú es de ocho o nueve euros», por los 6,20 que cuestan los comedores de los centros educativos públicos.
Finalmente, Gorka Martín –del sindicato USTEC– lamenta que el Govern «quiere vetar a las Ampas» para «externalizar» el servicio. «Los padres pedimos una mejora del servicio y de la calidad, pero con la nueva reordenación se priorizará la cuenta de resultados, como en el Tarragonès, donde el 55% de los puntos son por criterios económicos», lamenta Martín, quien reivindica que la gestión de las Ampas «busca cubrir la necesidad concreta de cada centro.
Por ejemplo, si hay niños autistas o con algún problema, mientras que lo que se hará ahora será licitar por lotes, sin importar que se apueste por productos ecológicos o de proximidad», y critica que la medida «perjudicará mucho a las pymes».
