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El Govern revisa los límites de crecimiento urbanístico del litoral tarraconense

Terres Cavades, Mas d’en Sorder y La Budellera entran en cuestión durante este proceso que pone en entredicho la construcción de 42.000 viviendas en el Camp de Tarragona

Núria Riu

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Con la urbanización de La Budellera, la ciudad recuperaba un tramo de la Platja Llarga. Foto: F. Acidres

Con la urbanización de La Budellera, la ciudad recuperaba un tramo de la Platja Llarga. Foto: F. Acidres

Bloques de apartamentos a pie de playa y urbanizaciones que consumen grandes extensiones de suelo en medio de espacios naturales. La costa está llena de estos ejemplos. Para ello, el Govern de la Generalitat se ha puesto manos a la obra para intentar proteger lo que queda del litoral, a través del Pla Director Urbanístic (PDU) de suelos no sostenibles, un instrumento que revisará el planeamiento urbanístico de 41 municipios, desde el Maresme hasta Alcanar, y que quiere ser una prolongación del plan de protección de la Costa Brava, que vetó la edificación de más de 15.000 viviendas. 

Para poder hacerlo, el Govern revisará 133 sectores de crecimiento previstos en el ámbito del  Camp de Tarragona y que afectan a la construcción de 54.300 viviendas, en una superficie de unas 2.200 hectáreas de terreno.

«Que estos sectores estén ya nos dice que presuntamente no responden a los objetivos de desarrollo sostenible»

En paralelo, el Ejecutivo decidía suspender durante un periodo máximo de un año la concesión de licencias en once municipios de este mismo ámbito, que de seguir adelante supondrían la edificación de 42.100 viviendas. El objetivo es verificar si la urbanización prevista es considerada como sostenible o no. Y, al respecto, se tendrá en cuenta si la estrategia de crecimiento encaja con el Pla Territorial Parcial, si el sector a construir es continuo al núcleo urbano, siguiendo un modelo de compacidad, o si afecta al sistema de espacios naturales, además del impacto paisajístico.

En este caso, los técnicos de Territori decidirán si se permite que sigan adelante en las condiciones previstas, si se modifican en algunos parámetros o bien si estos sectores se desclasifican directamente y se impide cualquier construcción.  

La finalidad de todo este proceso es evitar que se reproduzca el modelo de urbanizaciones aisladas, mal comunicadas o sin conexiones con los servicios básicos, que acabaron destrozando buena parte del litoral, haciéndolo aún más vulnerable al cambio climático, a las inundaciones y a las lluvias torrenciales. 

El catedrático de Anàlisis Geogràfic de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Josep Oliveras, defiende la necesidad de este instrumento teniendo en cuenta que «hace unos cuatro años, cuando la situación económica parecía que mejoraba, volvió a despertarse una demanda de suelo en el litoral, ejerciendo una presión sobre algunos ayuntamientos». Se inició sobre todo en municipios de la Costa Brava, donde grupos inversores extranjeros lideraron algunos de los grandes proyectos inmobiliarios que habían quedado aparcados a raíz de la crisis del ladrillo. En el caso del litoral tarraconense, Oliveras afirma que «las tensiones no eran tan grandes, pero empezaba a haberlas».

«Hace unos cuatro años volvió a despertarse una demanda de suelo en el litoral»

Pese a ello, considera que este ejercicio es necesario para «revisar las afectaciones del cambio climático», que en los últimos tiempos ya han dejado episodios inauditos en algunos municipios costeros. «Lo que se intenta hacer es que delante de la situación de emergencia climática y los temporales, no tengamos que volver a pagar las consecuencias», afirma. 

Degradación paisajística

Por su parte, Sergi Saladié, que forma parte del Grup d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) de la URV defiende que este trabajo «llega un poco tarde», ya que considera que esta revisión hubiera sido necesaria a finales de los 90 hasta 2008, coincidiendo con los años de expansión.

«Ahora el sector está muy parado, por lo que supongo que están intentando blindar lo que queda de cara a un futuro, por si hay otro proceso expansivo», argumenta. Asimismo, este profesor de Geografia defiende que este ejercicio servirá para «poner orden» de forma que «detrás de los espacios urbanizables que no están construidos hay unas expectativas que hace que paisajísticamente se vaya degradando, de forma que podrán redignificarse algunos de estos espacios libres, para que sean más dignos».

«Somos los primeros que no queremos un macropolígono que quede desierto»

Torredembarra, Altafulla y la punta de la Móra son algunas de las zonas sensibles, después que el Baix Penedès soportó una alta presión durante la anterior burbuja, y que municipios como L’Ametlla de Mar, consiguieron reconducirlo considerablemente con la aprobación del POUM.

En paralelo, la ciudad de Tarragona estaba muy atenta en relación a este proceso. La suspensión del POUM de 2013, por parte del Tribunal Supremo, supuso la paralización de la macrourbanización de La Budellera, con unas 4.500 viviendas en la zona de Llevant. La misma suerte corría Mas d’en Sorder, mientras proyectos como Terres Cavades quedaban bloqueados a la espera de un nuevo plan general. Ahora, su futuro está en entredicho. Los tres constan en la moratoria que ha hecho el Govern, lo que significa que se estudiarán minuciosamente. «El hecho de que estos sectores estén ya nos está diciendo que presuntamente no responden a los objetivos de desarrollo urbanístico sostenible», indica el concejal de Territori del Ayuntamiento de Tarragona, Xavier Puig. 

«Lo que pasó en Alcanar, nos recuerda de nuevo que hay que repensar el urbanismo»

Tarragona está ultimando la tramitación de las normas transitorias de planeamiento urbanístico, según las cuales todos estos sectores serán no urbanizables y, por tanto, la clasificación se ha hecho acorde con el PDU. Y esto significa que cuando las normas entren en vigor, este municipio se excluirá de la tramitación posterior del plan. En todo caso, deberá ser el futuro POUM el que diga si vuelven a incluirse y en qué condiciones. Al respecto, Puig afirma que «no tendría mucho sentido mantenerlos como si no hubiera pasado nada, porque sino podríamos encontrarnos que la Generalitat tenga que intervenir directamente». 

La Budellera está en stand by. Los 150 propietarios que habían formado la Junta de Compensació Provisional decidieron disolverla cuando se hizo pública la sentencia del alto tribunal, aunque no se ha aparcado el proyecto, que esperan poder recuperarlo de cara al POUM. «Defendemos que el crecimiento natural de la ciudad debe ser hacia Llevant y seguimos estando alerta para ver qué pasa y defender nuestros intereses», indica Lluís Colet. Es uno de los dueños de los terrenos de un colectivo que sigue pendiente de los acontecimientos a la espera de poder reactivar esta inversión. «Estamos a la expectativa porque queremos que aquello siga adelante», añade. 

Estos ponen en valor que durante la larga fase de tramitación, se modificó el proyecto para hacerlo por fases, tal y como les había pedido la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat. «Somos los primeros que no queremos un macropolígono que quede desierto con las calles abandonadas», añade Colet. 

Subir precios

Por su parte, el presidente del Gremi de la Construcció, Joan Romeu, pide «unas reglas del juego claras». «Cualquier cosa que suponga hacer las cosas en orden y consenso, me parece bien, pero sería conveniente saber de qué va todo esto, ya que la única información que disponemos es la que ha aparecido en la prensa», argumenta. El sector se estaba empezando a recuperar de la Gran Recesión, cuando la pandemia volvió a sacudirlo todo y ahora se han encontrado con una moratoria, que afecta al desarrollo de más de 60.000 viviendas en el conjunto de la demarcación. «El mundo va hacia aquí y está claro, pero el concepto de sostenibilidad es muy amplio y, cuando reduces el mercado, la tendencia es que se incrementen los precios», argumenta.

En cambio, la plataforma SOS Costa Daurada valora que la propuesta de la Generalitat «recoge las diferentes demandas de la sociedad civil y de las entidades ambientalistas del territorio, en una zona muy castigada y menospreciada durante mucho tiempo». Su portavoz, Lluís Estamariu, argumenta que la presión sobre el litoral «es incompatible con su preservación» y que «lo que pasó en Alcanar hace tan solo unos días, nos recordaba de nuevo que hay que repensar el urbanismo de la costa».

Este colectivo suma unas ocho entidades ambientalistas que en sus respectivos territorios han presionado y dialogado con los ayuntamientos para frenar el desarrollo urbanístico. Se creó a la senda del trabajo realizado por SOS Costa Brava, que ha tenido un papel protagonista en la tramitación del plan director del litoral gerundense. «Aquí desgraciadamente no tenemos tanto músculo, pero seguiremos presionando, porque queremos evitar que cualquier cambio en el Govern suponga que se dé marcha atrás», añadía Estamariu. Con todo, Saladié considera que «ahora que no hay tanta presión de los promotores, es un buen momento para planificar».
 

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