El Ingreso Mínimo Vital se atasca y solo llega al 11% de tarraconenses que lo piden

La ayuda estrella del Gobierno cumple cinco meses con problemas de colapso. Solo 1.585 personas la reciben del total de 13.500 solicitudes. Hay 9.400 tarraconenses que esperan

Raúl Cosano

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Reparto de alimentos en Creu Roja. El Ingeso Mínimo Vital es una prestación impulsada para combatir el riesgo de pobreza y la exclusión social.  FOTO: Creu Roja

Reparto de alimentos en Creu Roja. El Ingeso Mínimo Vital es una prestación impulsada para combatir el riesgo de pobreza y la exclusión social. FOTO: Creu Roja

«La medida nos parecía muy adecuada sobre el papel, una buena herramienta. Era necesario un importe mínimo para ayudar a soportar esta crisis», explica Mercè Puig, secretaria general en Tarragona de CCOO. El Congreso de los diputados aprobó el pasado mes de junio el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para garantizar un mínimo de renta mensual a todos los ciudadanos, a partir de un umbral ampliable de 462 euros, en un momento especialmente complicado para muchos hogares debido a los efectos económicos de la pandemia. «Aquí en Tarragona era especialmente importante, sobre todo para el sector servicios. Hay que tener en cuenta que mucha gente ya ha agotado el paro y que, por ejemplo, colectivos como los fijos discontinuos del turismo no fueron incluidos en los ERTE por sus empresas. Por eso era imprescindible una ayuda como esa». 

Solo el 30% están resueltas

Cinco meses después, la realidad dista mucho de esas buenas intenciones iniciales. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha registrado un total de 14.965 solicitudes desde la provincia de Tarragona, de las que 1.392 son expedientes duplicados, por lo que la cifra definitiva asciende a 13.573 solicitudes, con datos hasta octubre.

Sin embargo, meses después de su puesta en marcha, la Seguridad Social únicamente ha resuelto el 30% de las solicitudes que se han presentado en la provincia: son 4.140 del total de 13.573 expedientes. Y, por si fuera poco, la mayoría de las solicitudes que se han resuelto han sido denegadas, en concreto el 61% de las mismas: 2.555 desestimadas frente a 1.585 que sí tienen el visto bueno para empezara a percibir la prestación. 

El gobierno ha denegado hasta ahora más solicitudes de las que ha aprobado en Tarragona

La realidad es que el balance que realiza el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con los datos territorializados muestra que en Tarragona más de 9.000 solicitudes para percibir esta renta, planteada como la ayuda estrella del Gobierno, en concreto 9.433, continúan a la espera de recibir una contestación por parte del Gobierno central. Es decir, el 70% de las solicitudes siguen estando pendientes de que se tramiten y se resuelvan en un sentido u otro. La dinámica es parecida en el global de Catalunya: un 72% de expedientes siguen sin final. 

Joan Llort, secretario general de UGT en Tarragona, admite el atasco y la poca fluidez del mecanismo: «Cuesta que llegue la ayuda al ciudadano, porque igual que los ERTE, la tramitación ha ido a parar al SEPE. Ya estaba colapsado por los expedientes y ahora llega esto, que no puede asumir si no se se le dota de más personal y recursos». Llort lamenta que esa falta de agilidad acabe perjudicando al ciudadano, acuciado por la precariedad económica. «La percepción que tenemos es que es una aportación que mucha gente ha pedido y aún no ha recibido respuesta. La administración no está preparada para abordar un proceso así de forma rápida». 

Los sindicatos denuncian, además de la falta de recursos, un exceso de burocracia, la dificultad de los propios trámites, generalmente telemáticos, y la incidencia de la brecha digital. «En muchas ocasiones la gente más necesitada no tiene los medios para tramitar la ayuda y se dirige a nosotros, los sindicatos para que lo hagamos. Pedir hora cuesta mucho y tampoco puedes ir presencialmente. El sistema para contactar es muy dificultoso», indica Joan Llort. Llort apuesta por buscar métodos más ágiles y prácticos, ya sea «involucrando en esta competencia a otras administraciones o con la intervención de servicios sociales». 

Solo ocho provincias están peor que Tarragona en cuanto a porcentaje de  ayudas concedidas

Tanto CCOO como UGT alertan de que se está creando un embudo por la falta de efectivos. «Somos conscientes de que se han reforzado las plantillas con más de 30 personas y de que se está haciendo un esfuerzo grande pero no es suficiente para absorber todo el trabajo que hay. También estamos pagando ahora años de recortes en la administración pública que se notan cuando ha llegado la hora de gestionar una urgencia como esta», indica Mercè Puig, máximo responsable de CCOO en la provincia. «A eso se añade que estamos ante un proceso complejo, en el que hay que ir revisando caso a caso, expediente por expediente», reconoce la delegada de Comisiones. 

Retroactividad desde junio

En el global de España, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha reconocido ya a más de 136.000 hogares el Ingreso Mínimo Vital (IMV). «De esta forma, cuatro meses después de su puesta en marcha, la prestación ya llega a más de 400.000 personas, de las que prácticamente la mitad son menores», explican fuentes del Ministerio. El importe bruto de la cantidad, a mes de octubre, se alza a los 158 millones, una cifra que contempla también la retroactividad desde junio. 

«Mucha gente que lo ha pedido aún espera respuesta. Faltan recursos en la administración»

Hasta el momento, en los cinco primeros meses de existencia de la prestación, se han recibido más de un millón de solicitudes. No obstante, más de 40.000 expedientes estaban duplicados o vacíos. Esa primera depuración sitúa los expedientes válidos en 975.000. En Tarragona, la cifra de documentación duplicada y, por tanto, invalidada y fuera del proceso de solicitudes, se alza a los 1.392 expedientes. 

Así, de todos los informes válidos, 136.413 han sido aprobados y, se trata, por tanto, de familias que recibirán el ingreso. Es un 14% del total, una cifra similar a la del balnace provincial. Además, del mismo modo que ocurre en la provincia de Tarragona, la mayoría de los expedientes que se han analizado han sido denegados: un 58% de media en España frente al 61% en Tarragona. 

«El ritmo ha ido aumentando»

Las críticas al funcionamiento del sistema han sido abundantes en los últimos meses. El Ministerio admite que «tras los ajustes normativos del mes de septiembre, realizados después de la primera evaluación de la prestación, el ritmo de tramitación ha ido aumentando». 

En cuanto a las solicitudes que han sido denegadas –192.000 en total, de las que 2.555 son de la provincia de Tarragona– en la mayor parte de los casos la negativa se ha producido por superar niveles de renta y patrimonio, según informan desde el Ministerio. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha comprometido a realizar una nueva evaluación de la prestación a principios del próximo año para conocer la cobertura real del Ingreso Mínimo a través de microdatos.

«La ayuda no llega y es vital en Tarragona para sostener a los empleados del sector servicios»

Tarragona aparece entre las últimas provincias en porcentaje de resoluciones aprobadas respecto al total. Con ese 11%, solo hay ocho provincias en peor situación, entre ellas Barcelona (8%). La que está en peor dinámica son las Islas Baleares (5%). Navarra, con una concesión del 35%, lidera la lista, por delante de Asturias, Lugo, Zamora, León y Jaén. «Lo que tememos es que, a pesar del refuerzo de trabajadores, la situación se cronifique en el tiempo y el retraso no se solucione», explica Mercè Puig desde CCOO. 

Cabe recordar que la Seguridad Social abonó el pasado 26 de junio el primer pago del IMV a 74.119 hogares de toda España, 1.021 de ellos en la provincia de Tarragona. Se trata de quienes venían recibiendo la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33% y que fueron reconocidos de oficio como beneficiarios del IMV.

Justo al aprobarse la prestación, el Gobierno calculó que unos 13.000 hogares de Tarragona se beneficirían de esta nueva partida para luchar contra la crisis de la Covid-19, lo que supondría llegar a 38.000 personas. 

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