El Iot de la Llarga ya tiene fecha de desalojo: el 4 de noviembre

El TSJC autoriza al Govern a entrar en el inmueble y realizar el lanzamiento, que se ha fijado para dentro de 12 días a las 8 de la mañana. Se pone fin a tres años de batalla judicial 

Octavi Saumell

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Imagen de ayer del local Iot, situado en la Platja Llarga. FOTO: Alba Mariné

Imagen de ayer del local Iot, situado en la Platja Llarga. FOTO: Alba Mariné

Ya hay fecha: la Generalitat de Catalunya desalojará al propietario del Iot de la Platja Llarga el próximo 4 de noviembre, a las ocho de la mañana. Así lo publicaron el pasado jueves el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y el Boletín Oficial del Estado (BOE), a raíz de la interlocutoria dictada el pasado 17 de septiembre por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que «autoriza» al Govern «a entrar» en el inmueble para llevar a cabo el proceso de desalojo. 

De esta manera se pondrá el punto y final a tres años de batalla judicial para que el Govern recupere la ocupación del espacio para sacarlo a concurso público tras 35 años de gestión por parte del propietario del establecimiento, Josep Maria Donato, quien desde 1986 lleva las riendas del negocio situado en los bajos del inmueble propiedad de la administración autonómica. 

La lucha del conocido emplazamiento se inició hace casi tres años, cuando el Govern comunicó a principios de noviembre de 2018 al titular del local que el día 30 de ese mes debía abandonar el espacio. La resolución del Departament de Patrimoni de la Generalitat fue recorrida ante el TSJC, que hace meses dio la razón a la corporación pública para tomar la posesión del edificio para sacar el uso a licitación pública.

Pese a ello, el gestor del negocio solicitó ante el mismo tribunal la paralización de la ejecución de la sentencia, justificando su acción en el hecho de que aún tiene otras vías judiciales en vigor, como el de las sanciones por un valor global de 22.000 que el Govern le ha impuesto desde 2018 por no abandonar el recinto. Sin embargo, el TSJC no aceptó suspender la ejecución del desahucio. «Este fue anunciado el 12 de febrero de 2019, de forma que no estamos ante una circunstancia repentina», indicó el tribunal en la resolución, que recordó que «estamos ante un edificio de titularidad pública cuyo destino inevitable es el de usarse para intereses públicos y no privados, por muy legítimos que estos puedan ser». 

«Intervención proporcionada»

En septiembre, el Iot presentó un último recurso, el de casación, que fue rechazado el pasado 17 de septiembre por el TSJC. En esta última interlocutoria el alto tribunal catalán da la razón a la Generalitat, ya que entiende que durante el proceso «el afectado ha tenido la posibilidad de defenderse», y que «se trata de autorizar la entrada a un inmueble de dominio público para efectuar un desalojo una vez se ha extinguido el título que permitía su ocupación», ya que «el afectado no ha ejecutado voluntariamente la orden». Desde el Govern se defiende, además, que el titular del negocio «no ha presentado ningún documento en todo el proceso que legitime su ocupación», a la vez que «ha intentado seguir pagando el canon para lograr una prórroga de forma tácita», una circunstancia que «no se ha aceptado». Por ello, ahora el TSJC considera que «procede» autorizar el desahucio administrativo. 

Asimismo, el juez especifica en su resolución las condiciones en las que deberá llevarse a cabo el desalojo. «Se autoriza la entrada del personal de la Generalitat o de la empresa contratada para que asuma el lanzamiento de personas y bienes», afirma el texto, que añade que «habrá un funcionario público responsable» del desahucio y que, «en caso de oposición o de perturbación de la estancia en la finca se podrá pedir auxilio a las fuerzas de seguridad». En esta línea, el TSJC recalca que «la intervención se llevará a cabo en todo momento de forma proporcionada, evitando daños que no sean estrictamente indispensables para su ejecución y la recuperación del inmueble», así como que «se respetarán las pertinencias personales del actor, que quedarán bajo custodia de la administración para su eventual recuperación».  

Fuentes de la administración autonómica esperan que, una vez se haya resuelto su entrada al inmueble, se pueda iniciar la licitación del concurso público «antes de que acabe el año», de forma que pueda adjudicarse la concesión para su explotación «dentro del primer trimestre de 2022». Este será el mismo proceso que se realizó en el antiguo Tòful de Mar, situado en la parte superior del inmueble de la Llarga. Su propietario entregó las llaves el 14 de diciembre de 2018 y, después de quedar desierto el concurso en abril de 2019, este se volvió a convocar en mayo de 2019 para adjudicar en septiembre de ese año a los propietarios de la actual Sardineta. 

Iot: «Propusimos el día 8»

El subdirector general de Patrimoni de la Generalitat, Lucas Castaño, notificó el pasado jueves al Iot sobre la resolución judicial, así como la fecha para el lanzamiento, que será dentro de solo 12 días. El negocio ya no dará ningún paso judicial más, pero fuentes cercanas al histórico establecimiento del litoral lamentan que «propusimos entregar las llaves de forma voluntaria y civilizada el día 8 sin dar de baja a los suministros», ya que «damos luz al Club de Vela de la Platja Llarga».

Pese a ello, se lamenta que «nadie de la Generalitat nos ha dado respuesta, sino que este jueves solo nos han adjuntado las resoluciones del DOGC y del BOE», lo que a su juicio «demuestra mala fe por parte de los responsables del Govern». A día de hoy es una incógnita saber hasta qué día permanecerá abierto un negocio que, tras 35 años, ya tiene fecha de cierre. 

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