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PSC y Ciutadans se abren al gobierno municipal para negociar las cuentas de 2021 si el alcalde Pau Ricomà (ERC) modera la actual presión fiscal. Las dos principales formaciones de la oposición ya negociaron el año pasado el primer presupuesto de Esquerra en la Plaça de la Font y, ahora, tienden la mano al ejecutivo republicano para acordar los números más complicados de la última década, que estarán marcados por la drástica reducción de ingresos que ha ocasionado la crisis sanitaria y económica del coronavirus, que se calcula en más de diez millones de euros. De hecho, a lo largo de los últimos meses ambos partidos ya han avalado todos los modificativos de crédito relativos a la Covid-19.
«Aún no nos hemos reunido ni para las ordenanzas ni para el presupuesto, y de hecho no hay ninguna fecha prevista para ello, pero estamos convencidos de que a estas alturas el gobierno municipal es consciente de que está en minoría y que necesita a otras fuerzas para aprobar las cuentas», afirma la portavoz del PSC, Sandra Ramos, quien espera que «este mes de septiembre podamos sentarnos con el gobierno». Cuando llegue este momento, la formación socialista pondrá sobre la mesa la necesidad de «no apretar más a los ciudadanos, ya que para 2020 ya se ha llevado a cabo una subida muy importante. La basura, el IBI y la plusvalía no pueden volver a subir. Deben congelarse», afirma Ramos, marcando un primer posicionamiento oficial. El año pasado, el pleno municipal aprobó incrementar el recibo de la plusvalía en más de un 30%; la tasa de la basura y la limpieza en un 12%; y el IBI en un 3%, más otro 50% adicional para los pisos vacíos que se aplicará en 2021.
«Haremos un esfuerzo»
Por su parte, Rubén Viñuales (Cs) indica que, igual que está haciendo Inés Arrimadas en el Congreso de los Diputados con Pedro Sánchez (PSOE), «estamos dispuestos a hablar y a hacer un esfuerzo por el bien de Tarragona». En este sentido, el líder de la formación naranja considera que «es el momento de rebajar los impuestos», especialmente el IBI, la basura y el ICIO. Por ello, la próxima semana tiene previsto entregar un paquete de medidas y propuestas al ejecutivo local para aplicar «una importantísima rebaja fiscal» a partir del próximo año.
Paralelamente, José Luis Martín (PP) no está por la labor de negociar el presupuesto. «No hemos tenido ninguna reunión con el gobierno, pero creemos la reunión será un mero gesto como el año pasado, en la linea de la política de foto que tanto le gusta a Ricomà», indica el portavoz de la formación conservadora, quien añade que «exigiremos unos presupuestos que disminuyan la brutal presión fiscal que incrementó el equipo de gobierno el año pasado».
La CUP pide modificaciones
Por su parte, los dos socios presupuestarios del año pasado –CUP y Junts– también exigen cambios. En este sentido, la cupaire Laia Estrada pide «negociar ya» los tributos y las cuentas. Sobre las ordenanzas, la CUP plantea aplicar el 50% del IBI a los pisos vacíos y bonificar el del alquiler social. También proponen al alcalde bonificar el uso de las energías renovables y la plusvalía a las personas que han sido desahuciadas, así como grabar menos basura a los establecimientos «que realicen acciones para reducir el volumen de residuos».
Finalmente, sobre las cuentas, Dídac Nadal –Junts– anuncia su prioridad por «incrementar la partida de los presupuestos participativos», así como una decidida apuesta por la «recuperación económica de todos los sectores y de toda la ciudadanía».
