El PSC negocia con la oposición que Iglesia y fundaciones paguen IBI

El debate sobre el pago del IBI por parte de la Iglesia vuelve a la Plaça de la Font. Según ha podido saber el Diari, el PSC tiene la intención de desmarcarse de sus dos socios de gobierno (PP y Unió Democràtica) y, a lo largo de las próximas semanas, negociará con los partidos de la oposición un texto común para solicitar al Gobierno Central que tire hacia atrás la actual exención que permite que el arzobispado no abone el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por sus propiedades.

Así lo aseguró a este periódico la portavoz del grupo municipal del PSC, Begoña Floria, quien remarcó que la formación socialista quiere definir un texto que inste al ejecutivo central a «modificar el Concordato con el Vaticano» y que, asimismo, obligue a la Iglesia a abonar el tributo municipal «por todas aquellas propiedades que no sean centros de culto», según remarcó la representante del PSC. Floria es partidaria de que «todos aquellos espacios que generen actividad económica paguen sus impuestos» y, en este sentido, la voluntad del grupo socialista sería que el Consistorio pudiera recaudar también por los pisos, parkings y tierras que actualmente están tanto a nombre del Arzobispado de Tarragona como de fundaciones, que según la legislación actual tampoco debe afrontar esta obligación económica.

Floria considera que se trata de un tema «que no es de gobierno, sino ideológico», por lo que no cree que la posición de su partido pueda desencadenar en una crisis de gobierno. «Tenemos claro, por ejemplo, que la Catedral seguirá sin pagar IBI», remarca la edil socialista.

Se da la circunstancia de que, en junio de 2012, el PSC ya presentó una moción en este sentido, que no fue aprobada al no apoyarla el alcalde Josep Fèlix Ballesteros, quien se desmarcó de la propuesta que puso sobre la mesa su partido. El alcalde decidió no ejercer su voto de calidad y reconoció que si fuera por él «esta moción no se habría ni presentado, ya que es un debate que no existe en la ciudad».

Ahora, cuatro años después, el grupo municipal de ICV tenía la intención de presentar una propuesta muy parecida de cara al pleno municipal del próximo lunes. Sin embargo, la portavoz del partido ecosocialista, Arga Sentís, ha decidido retirar la propuesta del orden del día tras la reunión de ayer de la Junta de Portaveus, en la que acordó «negociar durante las próximas semanas» una resolución conjunta.

«Queremos definir un texto general sobre exenciones fiscales poco justificadas, algunas de las cuales son de la Iglesia», indica Sentís, quien recuerda que «el IBI es el principal ingreso que tiene el Ayuntamiento pero que recauda menos por la legislación actual». ICV espera que pueda llegarse a un acuerdo de cara al pleno ordinario del mes de noviembre.

La negociación no está bien vista ni por PP ni por Unió. Basta recordar que cuando el PSC presentó esta moción en 2012 los populares votaron en contra y, ese día, Alejandro Fernández (PP) criticó «la cobardía política» del alcalde Ballesteros. «No tenemos la propuesta, cuando la recibamos la analizaremos, pero dudo de que se logre tan rápido», afirmó ayer el edil conservador. Por su parte, Josep Maria Prats (UDC) asegura que su voto será «contrario», ya que «es una competencia que no depende del Ayuntamiento, sino que implica revisar un acuerdo entre el Gobierno y la Santa Sede».

Por su parte, el principal partido de la oposición (Ciutadans) está a favor de instar a que la Iglesia pague IBI. Su portavoz, Rubén Viñuales, apuesta por la «laicidad en las instituciones» y lamenta que «el Concordato es una dinámica que no es propia de un Estado moderno».

Pau Ricomà (ERC) lamenta que la exención actual «es innegociable para el Gobierno»y es pesimista ante la posibilidad de modificar la legislación «mientras estemos dentro de España». Los independentistas habrían votado «sí» a la propuesta, si bien remarcan que «sería un brindis al sol, ya que no dependendería del Consistorio».

Albert Abelló (PDECat) sería partidario de que la Iglesia «sólo debiera pagar por los centros y locales que generan actividad económica y no por los centros de culto». Finalmente, Laia Estrada (CUP) se «alegra» de que el debate «se ponga sobre la mesa», a la vez que reivindica la modificación ya que «en teoría, el Estado español es aconfesional».