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La esperada comisión de estudio sobre la seguridad en el complejo petroquímico de Tarragona podría realizarse en Tarragona. Así lo solicitó ayer el grupo parlamentario de la CUP, en una medida que fue bien vista por la mayor parte de las formaciones. En caso de llevarse a cabo, sería la segunda ocasión en la que un organismo de estas características saldría del Parc de la Ciutadella. La primera vez fue el 29 de enero de 2019, cuando una sesión de la comisión de investigación sobre los atentados terroristas del 17 de agosto se organizó en Ripoll.
A diferencia de hace un año, ayer el diputado de la CUP Vidal Aragonès solicitó que «la mayor parte de las comparecencias se realicen en el Camp de Tarragona». Para ello será necesario que lo pida la propia comisión y que lo autoricen la Mesa y la Junta de Portaveus. Fuentes de los cupaires recalcaron que, de momento, aún no hay ninguna propuesta concreta sobre la mesa, si bien las fuentes consultadas de otras formaciones apostarían por trasladar la comisión a las dependencias de la Delegació del Govern, situada en la calle Sant Francesc de Tarragona ciudad.
Entre los factores que impulsan que las sesiones se trasladen al Camp de Tarragona está el hecho de que la mayor parte de comparecientes serán del territorio –como los responsables de la empresa, de la industria química, los alcaldes y los cuerpos de emergencias–. Cabe señalar que, asimismo, los integrantes de los partidos también serán diputados de las comarcas tarraconenses. Así, ya se da como segura la participación de Matías Alonso (Ciutadans), Teresa Pallarès (Junts per Catalunya), Raquel Sans (ERC), Carles Castillo (PSC) y Yolanda López (Catalunya en Comú).
«Devolver la confianza»
Ayer, la cámara legislativa aprobó por unanimidad la creación de la comisión de estudio, que podría reunirse por primera vez entre finales de este mes y principios de marzo. En el texto avalado por los siete partidos con representación se pone de relieve que los «lamentables» hechos sucedidos hace hoy justo un mes han supuesto un «cambio de paradigma» respecto a «la percepción de la actividad de la industria química», un hecho que ha provocado «el desconcierto y la preocupación de la población», y que ha generado «inquietud en torno a las condiciones medioambientales».
Asimismo, en el texto también se resalta que «se trata del accidente más grave de la historia del complejo petroquímico si se descuenta el vertido del Francolí de 2008 y el atentado contra Enpetrol», a la vez que se indica la necesidad de «conocer de forma transparente todo lo que sucedió durante la emergencia, depurar responsabilidades y estudiar las actuaciones pertinentes para garantizar plenamente la seguridad ambiental, industrial y laboral, con una información adecuada a la población y a las medidas de control ambiental».
El alcalde de Tarragona, Pau Ricomà (ERC), estuvo ayer presente en el hemiciclo. «Estoy muy satisfecho que, por unanimidad, se apruebe la creación de la comisión», afirmó el máximo representante municipal, quien espera que los grupos parlamentarios «lleguen hasta el final» porque «necesitamos devolver la confianza a la población». En este sentido, el edil republicano pide que se pongan en marcha «mecanismos para informar a la ciudadanía adecuados al siglo XXI y no del pasado».
