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El Port de Tarragona ha decidido eliminar todas aquellas actividades que no tengan relación directa con el aspecto comercial e industrial. Una resolución firmada el pasado 28 de julio por la capitana marítima, Núria Obiols, prohíbe un sinfín de prácticas acuáticas y subacuáticas que afectan directamente a más de medio centenar de empresas dedicadas al turismo y al ocio. Todas ellas se han enterado de forma indirecta de esta resolución y antes de que la vean publicada en el Diari Oficial de la Província (BOP) ya han puesto el grito en el cielo por el daño que sufrirán.
Las aguas portuarias delimitadas sólo para el tráfico de mercancías o de carácter industrial (también militar, si se diera el caso) comprenden un área con un radio de cuatro millas a contar desde el rompeolas (ver foto anexa). Además de esta zona, hay el área de fondeo (recuadro azul claro en la foto) y las aguas interiores del puerto donde por lógica las actividades están delimitadas.
Por todas estas zonas, la resolución «prohíbe la navegación de artefactos flotantes de recreo, la navegación de kayacs y artefactos de remo, la realización de regatas y actos colectivos náuticos, prácticas de esquí náutico, circulación de motos acuáticas y flyboard, natación, buceo, pesca u otras actividades lúdicas».
La resolución, que podría publicarse en las próximas horas, según han explicado algunas fuentes, ha puesto en jaque la viabilidad de muchos negocios turísticos que tienen sede en el Port. Empresas de buceo, de alquiler de patinetes o incluso el Reial Club Nàutic de Tarragona –con sus secciones de vela o remo– podrían quedar sin espacio marítimo para sus actividades.
Desde la Autoritat Portuària se quiere desdramatizar la resolución y se afirma que se pretende « regular las actividades deportivas náuticas para garantizar la seguridad, tanto para los que practican estos deportes como para los propios barcos de mercancías. Esta zona portuaria concreta de la que trata en la resolución es la zona de fondeo».
Sin embargo, la resolución no habla sólo de la zona de fondeo, sino también de las otras comentadas anteriormente, por lo que la incertidumbre y el nerviosismo es denominador común entre las empresas y entidades potencialmente afectadas.
Las mismas fuentes de la Autoritat Portuària añaden que «tal y como se indica en la resolución cualquier actividad que se quiera llevar a cabo en esta zona en concreto de fondeo debe solicitar la pertinente autorización a Capitanía Marítima». De hecho, en la resolución se apunta que habrá zonas permitidas para estas actividades «previo informe favorable» de Capitanía por temas de Seguridad y de la Autoritat en otros requisitos.
Enfado generalizado
Para las empresas recreativas, la medida se entiende como una restricción arbitraria. La abogada Mar Martín expone que «las empresas en general y la que represento en particular ya pasan los pertinentes controles de seguridad anualmente para ejercer su práctica en el mar. ¿Qué informes pedirá ahora Capitanía Marítima para validar la seguridad? ¿Qué criterios seguirá la Autoritat Portuària? Creemos que la medida es inoportuna y equivocada», concluye la letrada del bufete Martín Marín Advocats.
Ante esta situación de incertidumbre, algunas de las empresas afectadas ya han pedido asesoramiento legal para recurrir una decisión que está levantando mucha polvareda.
Miguel Ángel Solís, de Big Blue Center –dedicada al buceo–, explicaba ayer que «tenemos abierto, pero no salimos en barca. La resolución nos corta las alas y nos deja sin negocio». Durante la mañana de ayer, él y la abogada Mar Martín se personaban en las instalaciones de Capitanía Marítima y de la Autoritat Portuària de Tarragona (APT) «para tener la resolución y comprobar si la rumorología era verídica», explica la letrada. El documento «nos obliga a actuar de inmediato», explica Mar Martín. Para la abogada, «la resolución puede entrar en vigor el día después de publicarse en el BOP y dejar a muchas empresas, en temporada alta, sin trabajo», añade.
Mientras en Blue Center no salen al mar, otras empresas también dedicadas al buceo siguen trabajando como un día de verano normal. Fernando Rabassó, de Subkro, afirma que «no he recibido ninguna notificación sobre esta resolución y mientras no me digan nada, yo salgo cada día con la barca». En caso de entrar en vigor la orden, Subkro seguiría manteniendo su sede en el Port Esportiu, «operaríamos en aquellas zonas ideales para el buceo, aunque estuviesen fuera de este límite de cuatro millas», argumenta Subkro.
El futuro optimista de Fernando Rabassó contrasta con el de Miguel Ángel Solís, que alega que «no sale a cuenta tener una sede en la ciudad si debes navegar tan lejos del puerto y el consecuente consumo de combustible; bajar a una profundidad de casi 100 metros que para principiantes es demasiada... Es una ruina si se aplica», concluye.
Si las empresas de submarinismo están a la expectativa, los particulares con amarre también están que trinan. Uno de ellos, que prefiere mantenerse en el anonimato, explica que «tengo una barca en Tarragona y hago pesca deportiva. Si ahora lo prohíben, qué hago, me tumbo al sol fuera de las cuatro millas. Esto es perjudicial para Tarragona y el turismo que tiene relación con el mar», explica.
Desde el Reial Club Nàutic de Tarragona, su presidente, Manuel Cremades, quiso ayer ser comedido y prudente. «Tengo conocimiento de la resolución desde hace un par de días y la verdad no lo he estudiado a fondo. Vamos a ver qué ocurre». Cremades admitía que si la práctica de la vela y el remo se prohíben cerca del puerto, «vamos mal».
