El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha constatado que en el accidente de la empresa Iqoxe en el polígono petroquímico sur de La Canonja del pasado 14 de enero «se vieron afectados los derechos de las personas a ser atendidas en caso de catástrofe y a ser informadas de los riesgos colectivos importantes que les afectan».
Así se extrae del informe realizado por el Defensor del Pueblo catalán para analizar la actuación de las administraciones públicas competentes en estos hechos, así como aspectos como la coordinación, la aplicación de planes y los protocolos de protección civil.
El Síndic recomienda a la Generalitat que apruebe el calendario de ejecución, el presupuesto y el órgano administrativo que sea responsable de la adopción de cada medida concreta del informe final de la mesa de evaluación y seguimiento constituida por el Govern a raíz de la explosión en Iqoxe. El informe concluyó hace diez días que «hay determinados aspectos que pueden ser mejorables» en la gestión de las emergencias químicas y que el accidente de Iqoxe ha evidenciado carencias en los sistemas de comunicación e información a la población afectada.
Alerta geolocalizada
El Síndic de Greuges ha recomendado que se dé apoyo económico y asistencia técnica a los 29 municipios que tienen que elaborar un plan de emergencia municipal para accidentes en establecimientos industriales que manipulan sustancias peligrosas que formará parte del documento único de protección civil municipal.
«Es esencial que la Conselleria de Interior trabaje con todos los actores para implantar con la máxima celeridad posible sistemas de alerta a la población complementarios a las sirenas de riesgo químico y especialmente un sistema universal de alerta geolocalizada en teléfonos móviles», concluye.
Ribó recuerda en el documento la «vigencia de recibir información e instrucciones de forma amplia, precisa y eficaz sobre las medidas de seguridad a tomar y la conducta a seguir en caso de emergencia» y sostiene, asimismo, que la reciente aprobación del nuevo Plaseqta 2020 «confirma la necesidad de cambios en la gestión de las emergencias químicas en Tarragona», por lo que ha recomendado a la Conselleria de Interior que «lleve a cabo las actuaciones de preparación de la población, formación e información previstas en el nuevo Plaseqta».
El Síndic ve necesario «reforzar la información, orientación y asesoramiento sobre el ejercicio de los derechos de las personas afectadas para la defensa de sus intereses, las vías que pueden utilizar y la reclamación de una indemnización para los daños causados».
