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El ciudadano rumano de 23 años que fue detenido el pasado 18 de febrero como presunto autor de un delito de abusos sexuales a una mujer en la Part Alta seguirá en prisión preventiva. Así lo ha decidido la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona, que ha rechazado el recurso de apelación presentado por el abogado defensor contra el auto de prisión que dictó el pasado 20 de febrero el juez instructor.
En su escrito, el letrado apuntaba que el juez sólo dispone de dos versiones contradictorias de los hechos, y que hasta ahora ha prevalecido la de la denunciante, que el abogado califica de «surrealista». En cambio, considera que lo declarado por el acusado es «mucho más racional» respecto a lo ocurrido.
En cambio, el fiscal solicitaba que el sospechoso siguiera en prisión. Lo justificaba en el sentido de que el acusado no solamente aludía al consentimiento de la víctima sino que decía que habían mantenido relaciones sexuales a iniciativa de ella. Añadía el Ministerio Público que había riesgo de fuga y necesidad de protección de los bienes jurídicos de la víctima.
Para los magistrados, el relato de la víctima ha sido «de forma lógica, coherente y suficientemente explicativa» sobre cómo ocurrieron los hechos, sin que se apreciaran incoherencias. Tampoco se vio hiperagravación y su declaración ante el juez no era una copia de expresiones literales de lo manifestado ante los Mossos. La mujer reconoció que no denunció inmediatamente porque se apiadó de él, manifestando que tuvo una especie de «empatía rara». Pero al cabo de unas horas, sin que llegar a pasar un día, decidió poner la denuncia.
Un relato no claro
En cambio, el relato del acusado no fue claro. Primero no supo dar razón o motivo sobre si las relaciones habían sido consentidas, declarando que no lo sabía. Posteriormente se ratificó en lo declarado ante los Mossos y dijo que sí lo habían sido.
Para la Audiencia, aunque el acusado es miembro de un país de la Unión Europea, no tiene arraigo familiar directo en España, como tampoco calle de referencia o arraigo laboral. Y ello podría hacer que huyese del país. Además, el delito que le podrían imputar comporta penas de hasta 12 años de prisión.
