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El agente inmobiliario Ramon Franch se enfrenta a 15 años de cárcel por asesinato

Los Mossos buscan el cuerpo de Carmen Gallart de Els Pallaresos en la zona de Huesca, donde se supone que el acusado se deshizo del cadáver

Àngel Juanpere

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El acusado en el momento de pasar a disposición judicial tras su detención en 2016. Foto: ACN

El acusado en el momento de pasar a disposición judicial tras su detención en 2016. Foto: ACN

La Fiscalía de Tarragona ha decidido seguir adelante con la acusación contra el agente inmobiliario de fincas Ramon Franch por la muerte de Carmen Gallart, a pesar de que su cadáver nunca ha aparecido. El Ministerio Público solicita para el acusado 15 años de prisión por homicidio, cifra que la acusación particular eleva a 19 –por asesinato–. El asunto podría ser juzgado a finales de año en la Audiencia Provincial con un jurado popular. Mientras, los Mossos siguen buscando el cuerpo por la zona de Huesca.

Ramon Franch, de 58 años de edad y natural de Reus, era el dueño de la inmobiliaria Finques Franch, situada en el número 12 de la Rambla Nova de Tarragona. Bajo esta condición, la víctima contrató sus servicios en el año 2006 al objeto de que realizara los trámites correspondientes a la venta de una casa en la playa del Miracle y la compra de otra en la zona de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau.

Compraventa

Como consecuencia de la actuación profesional de Ramon Franch, según el fiscal, Carmen Gallart perdió las dos casas: la que era de su propiedad y la que pretendía, «sufriendo graves perjuicios económicos». A consecuencia de los mismos, en 2012 la mujer presentó una querella contra el acusado por los delitos de estafa y falsedad documental.

Dicha denuncia dio lugar a un procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona. En dicho asunto la mujer está personada como acusación particular. El fiscal presentó su escrito de acusación por un delito de estafa agravada junto con un delito de falsedad. Solicitaba para Franch seis años de prisión, quince meses de multa y una indemnización para la víctima de un millón y medio de euros. El juicio se había fijado para los días 29 y 30 de septiembre de 2015 en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona. La sesión se pospuso para el 18 de mayo del año pasado, pero de nuevo quedó aplazada sine die a petición de la Fiscalía y la acusación particular.

«Al tener conocimiento del señalamiento del juicio oral y ante las graves consecuencias que al mismo –Franch– le podían acarrear, intentó en numerosas ocasiones, con anterioridad al juicio oral, llegar a un acuerdo económico con la Sra. Gallart para que se apartara del procedimiento, intentos todos ellos infructuosos», según la Fiscalía. Añade que visto el fracaso de las acciones del acusado, finalmente «planeó acabar con la vida de Carmen Gallart y hacer desaparecer el cuerpo al objeto de impedir su localización».

Una vez urdido el plan, el acusado, «con conciencia y voluntad de causarle la muerte», tomó prestado un vehículo Hyundai Atos, propiedad de una conocida suya, con la excusa de hacer vigilancias a su mujer por una presunta infidelidad. Una vez en su poder el vehículo, procedió a tintar las lunas del mismo con el objetivo de impedir ser reconocido e inició una serie de seguimientos –entre mayo y junio de 2015– de Carmen Gallart con la finalidad de localizarla en Els Pallaresos. Finalmente, el 18 de junio, sobre las once de la mañana, la abordó en la calle, «logrando, voluntaria o forzadamente, que se introdujera en el vehículo».

El acusado, en un momento, lugar y modo sólo conocidos por él, le causó la muerte. Posteriormente estacionó el vehículo en un párking de la Baixada del Toro. Franch introdujo a Carmen Gallart «viva o tras haberle causado la muerte» en el vehículo Hyundai. Con dichas actuaciones, según el Ministerio Público, el acusado logró la suspensión del juicio oral al no ser localizada la principal testigo de cargo.

Sin contacto

Desde el 18 de junio de 2015 la desaparecida no ha contactado con ningún familiar. Tampoco ha realizado operación alguna en sus cuentas bancarias ni ha abierto nuevas.

El acusado fue detenido el 16 de marzo de 2016 y el juez decretó su ingreso en prisión.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita el pago de 600.000 euros a los padres e hijos de la víctima, a los que no podrá acercarse a menos de 1.000 metros durante 20 años ni comunicarse con ellos por cualquier medio durante el mismo periodo de tiempo.

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