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El alcalde cede y reducirá la altura de los edificios del plan Budellera

El Ayuntamiento pondrá en marcha un equipo de mediadores para llegar a un acuerdo con las partes implicadas

Octavi Saumell

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Imagen aérea de la zona que será la continuación de la Vall de l´Arrabassada y que servirá para enlazar con Boscos de Tarragona. Foto: Pere Ferré

Imagen aérea de la zona que será la continuación de la Vall de l´Arrabassada y que servirá para enlazar con Boscos de Tarragona. Foto: Pere Ferré

«Haremos las modificaciones que sean necesarias. Si la altura de los edificios es un problema, la rebajaremos. Y si lo que se quiere es preservar aún más la Anella Verda, pues tomaremos las medidas oportunas». Así de claro se muestra el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), sobre la polémica que –a lo largo de las últimas semanas– se ha originado por la tramitación urbanística del plan parcial de la Budellera, una futura urbanización que enlazará la Vall de l’Arrabassada con Boscos de Tarragona.

El máximo responsable de la administración municipal tiene claro que el desarrollo de esta zona de Llevant es «absolutamente estratégico» para la ciudad, ya que ésta será la gran zona de crecimiento de la Tarragona de las próximas décadas, según se estipula en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que entró en vigor en agosto de 2013 y que prevé una población de 185.000 habitantes para dentro de un cuarto de siglo. Por esto, el líder socialista afirma que «no nos precipitaremos ni haremos nada en contra de la opinión pública. Es más, no descarto que al final se paralice o que pueda quedar un tiempo sobre la mesa».

Negociación abierta

Precisamente, para poder acercar posiciones, el Consistorio ya ha nombrado a un equipo municipal de mediadores para intentar llegar a un acuerdo con todas las partes implicadas en la polémica, que ha comportado la presentación de más de veinte alegaciones contra el plan y que, asimismo, mañana se organice una marcha reivindicativa por el entorno de Llevant para protestar contra el proyecto que perfila una urbanización para 10.000 personas.

«Estamos dispuestos a realizar cambios para llegar al consenso. Esto no será un caso Terres Cavades bis», expresa el alcalde, quien, sin embargo, destaca que «se trata de una zona que cumple con las exigencias del POUM y que, en su día, perfilamos de la mano de Esquerra Republicana», cuando PSCy ERCgobernaron conjuntamente en la ciudad entre 2007 y 2011 y cambiaron, por completo, el Plan General que se había aprobado inicialmente en 2007 bajo el mando de Joan Miquel Nadal (CiU).

«Para salvar la Platja Llarga pasamos edificabilidad a este plan parcial. Por esto, ahora es un poco más denso que otras zonas», remarca el alcalde. De hecho, según informó esta semana la Junta de Compensació Provisional de la Budellera –formada por 172 propietarios–, la futura urbanización contará con 4.200 viviendas, una cifra que significa un 27% menos de los 5.700 pisos que se habían anunciado inicialmente cuando se aprobó el proyecto con el voto incluido del concejal de Urbanisme, Josep Maria Milà (PSC), quien en el pasado participó en la redacción del proyecto. Precisamente, su voto ha generado fuertes críticas –especialmente por parte de la CUP–. Sobre ello, Ballesteros tiene claro que «se ha exagerado, pero es cierto que no debería haber votado. Nadie se percató de ello, ni el secretario general», añade.

‘O crecemos, o colapso’

El máximo responsable del equipo de gobierno destaca que «Tarragona necesita crecer y cobrar más IBI’s, ya que de lo contrario la reducción de ingresos por las químicas nos podría generar una gravísima situación y llegar al colapso», asegura el alcalde, quien remarca que la ejecución del plan parcial «no supondrá ningún gasto para el Consistorio, ya que es de iniciativa privada. Al contrario, aún generará muchos puestos de trabajo», remarca. Las previsiones iniciales son que la primera piedra de la urbanización se pueda colocar en el año 2020, para que las primeras personas puedan ir a vivir allí en 2023.

Actualmente, el plan parcial se encuentra en la fase de presentación de las alegaciones. Este periodo se alargará durante tres meses, ya que la próxima semana se publicarán en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) los nombres de las personas afectadas por el plan a las que la administración municipal aún no les ha podido notificar la tramitación del proyecto urbanístico.

 

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