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El alcalde socialista de Vilanova de Prades sí pondrá las urnas y votará

Artur Miró, militante del PSC, habilitará espacios a pesar de las consignas de su partido y de otros ediles de su gobierno

Raúl Cosano

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Artur Miró, con una urna, en el proceso participativo del 9-N. ‘Ahora habilito espacios porque el pueblo me lo ha pedido’, dice.  Foto: DT

Artur Miró, con una urna, en el proceso participativo del 9-N. ‘Ahora habilito espacios porque el pueblo me lo ha pedido’, dice. Foto: DT

Algunos alcaldes socialistas de la provincia han afirmado que romperán las directrices del PSC y cederán espacios para el 1-O. Si hace unos días el alcalde de Gratallops (Priorat), Xavier Gràcia, sostenía que habilitará urnas en su municipio y votará que sí, ahora es Artur Miró, máximo responsable de Vilanova de Prades, quien se ha comprometido a ceder espacios para el referéndum. «No he firmado ningún decreto, pero respondí a la petición del Govern y dije que sí dejaría espacios para votar», cuenta Artur Miró. 

Si nadie lo impide, el próximo 1 de octubre se podrá votar en los bajos del ayuntamiento, el lugar donde se emite habitualmente el sufragio en unas elecciones convencionales. Artur se reserva, eso sí, el sentido de su voto: «Habilitamos un espacio y yo iré a votar, pero prefiero no decir qué»

‘Es lo que quiere el pueblo’
Miró no se reconoce independentista, pero cree que la voluntad de su pueblo (un pequeño municipio de 124 habitantes en la Conca de Barberà) es poder acudir a la cita con el referéndum. «Soy militante del PSC. Yo apostaría por un estado federal. Creo que es la mejor opción, la más factible, aunque ahora parezca muy lejana porque prácticamente no está sobre la mesa. Considero que un proceso como la independencia costará mucho. Pero creo que lo mejor es poner las urnas y que la gente decida, pero no porque lo diga yo, sino porque creo que es lo que quieren los vecinos del pueblo». 

Miró se escuda en que la petición de votar es mayoritaria en una localidad pequeña en la que todos se conocen bien. «Si no pongo las urnas, no sería algo acorde con lo que quiere la gente del municipio, que al fin y al cabo es la que me ha elegido. Me he guiado un poco por eso», explica. 

Concejales en contra
Artur no cree que su decisión tenga consecuencias ni reciba reprimendas del partido. «No me quiero poner en contra de lo que dice mi partido. Simplemente creo que permitir votar es una opción legítima. No creo que tenga problemas con el PSC. Hasta ahora no me han dicho nada. Creo que el partido puede contemplar que en pueblos así se pueda votar», cuenta Artur. 

En Vilanova de Prades, el PSC gobierna con cinco concejales, que no coinciden ideológicamente respecto al 1 de octubre. Alejandro Caballero, concejal de salud, atención a las personas y deportes, está en contra de que se pueda votar. «Es una decisión que ha tomado el alcalde, en base a que la gente del pueblo lo ha pedido. Yo no estoy a favor de un referéndum que es ilegal y no iré a votar. Al alcalde le he dicho que por encima de todo no firme ningún decreto, que no cometa ninguna ilegalidad», desgrana Caballero, que añade: «Lo que no va a hacer el ayuntamiento es darle cobertura oficial, no se va a participar legalmente ni se hará campaña, a pesar de que ese día sí se podrá votar». 

Advertencias desde el PSC
Caballero resta trascendencia política a la opción de habilitar las urnas en contra de la directriz principal de los socialistas: «Hay que tener en cuenta que estamos hablando de Vilanova de Prades, un municipio con 124 habitantes. Es verdad que hay una mayoría de personas favorables a que se pueda votar». En Vilanova de Prades ya se pudo votar en el proceso participativo del 9-N, en 2014.  

Tanto Artur Miró, en Vilanova de Prades, como Xavier Gràcia, en Gratallops, se encomiendan a la política de pueblo y a lo que se les reclama desde el mundo municipal para quebrantar las consignas del partido. A pesar de ello, el secretario del PSC, Miquel Iceta, ha avisado a los alcaldes que colaboren con el referéndum de que «se exponen a consecuencias». Iceta advirtió a todos los cargos electos que den apoyo a una «actividad ilegal» de que no se extrañen si después la justicia les pide cuentas. 

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