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El arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, no recibió ayer por la tarde a ninguno de los firmantes del manifiesto de cristianos contra la aplicación del artículo 155 y el encarcelamiento de los políticos cesados del Govern, tal y como estaba previsto que sucediera. El máximo representante del Arquebisbat de Tarragona debía recibir ayer por la tarde a varias de las personas que la semana pasada promovieron en Tarragona un documento que analizaba la situación política en Catalunya.
La intención, según los firmantes, era trasladarle ese texto, que en unos días ha sumado más de 200 adhesiones. «El secretario nos llamó y nos dijo que por razones políticas no nos podía recibir. Aun así, nos presentamos a la hora en que habíamos quedado pero de forma muy educada nos comunicaron que no iba a ser posible el recibimiento, porque no querían posicionarse ni meterse en una cuestión que consideraban política», explica Àngel Conesa, uno de los firmantes del documento, que ya ha recibido el apoyo de personas como Mossèn Miquel Barbarà, Montserrat Coll, Olga Xirinacs, Francesc Xammar, Victòria Forns, Josep Bofarull, Santiago Camós, Francesc Gil o Maria Margarolas.
La iniciativa partió de un grupo de ciudadanos cristianos de Tarragona, donde se incluyen también algunos eclesiásticos. El texto arremete con claridad y contundencia contra el ruido y la escalada de tensión de las últimas semanas. «En ningún caso son lícitos ni el odio, ni la incitación al odio, ni las mentiras, ni la falsedad, ni la tergiversación, ni las medias verdades ni las declaraciones sesgadas», sostiene.
«Preocupación por la violencia»
El grupo de firmantes admitía la preocupación por la «violencia policial del 1 de octubre, la desobediencia al TC de la mayoría de diputados del Parlament, la declaración de independencia sin efectos jurídicos y la intervención de las instituciones».
El texto no pretende posicionarse en ninguno de los dos bandos en el eje soberanista, pero censura el 155 y las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, en las que apoyaba a esa intervención: «La Iglesia no puede defender el independentismo pero tampoco la aplicación del 155 como ha hecho el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Ambas opciones son políticas. Pero antes están los derechos fundamentales».
El documento recoge el guante de los juristas que mantienen que el 155 y los procesos de cárcel son «ilegales». Argumenta el texto que el artículo «no permite cesar gobiernos autonómicos ni disolver el Parlament» y señala la «precipitación del fiscal y de la juez», por «vulnerar las garantías de defensa y los derechos fundamentales» de los investigados.
Jaume Pujol sí se posicionó tras los encarcelamientos de los consellers cesados el pasado 2 de noviembre. Así se expresó a través de la cuenta social Twitter: «Profundamente preocupado y triste por la situación que se se ha generado hoy. Pido a Dios que se preserve la paz social».
