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"El cargo público paga a su partido el impuesto revolucionario"

Ernesto M. Pascual, doctor en relaciones internacionales y profesor de Ciencia Política de la UOC, plantea poner límite a los gastos de los partidos, que buscan financiación extra con los puestos que se reparten en las instituciones para poder sufragar las campañas electorales

Raúl Cosano

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Ernesto M. Pascual es profesor de Derecho y de Ciencia Política.  Foto: UOC

Ernesto M. Pascual es profesor de Derecho y de Ciencia Política. Foto: UOC

¿Qué reflexión hace cuando ve todo el juego de sillas entre los partidos para repartirse cargos en las instituciones?
Tenemos un sistema público de financiación de partidos que en realidad no cubre todas sus necesidades, porque no hay límites para las campañas electorales. Hay una revisión del Tribunal de Cuentas pero es a muy largo plazo y no tiene demasiado sentido.

¿Hay un exceso de gastos?
Los medios que financian los partidos son los puestos públicos que consiguen en cada una de las instituciones. Para ellos es una cuestión de supervivencia. Supone que si estás en el gobierno cobras y tienes a una serie de personas colocadas. Aparte, puedes tener puestos de confianza, lo cual supone otros tantos cargos que viven y que alimentan la estructura de partido. Hay un tercer aspecto, que es el municipal, incluyendo las diputaciones, que son las grandes colocadoras. Es donde más gente hay, más puestos existen y más dinero se mueve.

 ¿Qué se juegan?
Hay dos factores. Colocas a una persona de tu confianza en un órgano de gobierno. Tienes información privilegiada y puedes marcar las políticas. Por otro lado, todas las personas tienen un impuesto revolucionario y contribuyen a la financiación del partido mediante su sueldo. 

Y, si no, difícilmente podrían sobrevivir a esos niveles. 
Toda esa estructura es indispensable para mantener a sus órganos intermedios, pero también para autoalimentarse. Parte de esos sueldos van a cubrir los gastos diarios que no se pueden cubrir cuando, por ejemplo, hay campañas políticas. Eso más importante todavía en un periodo tan inestable como el que vivimos actualmente, con tantas elecciones en tan poco tiempo. 

¿Por dónde se debería empezar para intentar cambiar el sistema?
Una de las primeras cosas que dijo Ciudadanos era que había que acabar con las diputaciones pero ahora ellos están dentro y juegan a lo mismo. Siempre se ha hablado de que en el Estado español, que va hacia el federalismo, debería haber tres niveles de gobierno: el estatal, el de la comunidad autónoma y el municipal. Pero vemos que hay un cuarto nivel, que es el de las diputaciones, que actúan como gerentes de cada una de las provincias. 

Y con una polémica que vuelve cíclicamente. 
Las diputaciones dan servicios que creo que son indispensables, sí, pero hay que preguntarse si no podrían ser prestados, por ejemplo, desde la Generalitat. Habría que cuestionarse eso, que significaría la eliminación de todos esos puestos de los que hablábamos. 

A la ciudadanía le llega el mensaje de que hay demasiados cargos y asesores. 
El mensaje que llega es ese, pero es engañoso. A todos nos ha podido parecer que la cantidad de políticos que hay en España puede suponer cifras infladas, pero hay que recordar que nuestras ratios están por debajo de los países europeos más avanzados. Además, hay que tener en cuenta que más del 70% de los políticos no cobran un duro. 

E incluso les cuesta dinero. 
Hay que pensar en los alcaldes de los municipios pequeños, por ejemplo. En los ayuntamientos medianos solo cobra el gobierno. La verdad es que los políticos no cobran tanto, eso es una falacia que se dice y que llega. Otra cosa es la eficiencia del dinero público. No hay tantos puestos políticos pero sí que hay que pedir más eficiencia en el gasto público. 

¿Qué modelo habría que abordar?
El debate sobre cuál es el sistema de financiación es de tres modelos: el privado, como el que hay en Estados Unidos, con donaciones, que conlleva un peligro: los ricos podrían hacer ganar a un partido por encima de los pobres; después tenemos el sistema público, el de España, pero entonces tenemos un problema. 

Que no es suficiente. 
Está infradotado. Debería tener unas reglas para todos, establecer un límite. Eso podría pasar por regular cosas tan sencillas como el ‘mailing’ cuando hay unas elecciones. Se hace el envío de papeletas porque hay una cultura política de voto desde casa y porque el partido te marca las cruces para que vayas con su papeleta. 

¿Qué propone?
Sería más sencillo instalar como obligatorias las cabinas electorales. Antes de pasar a votar, tienes que circular por un cabina. Así mantendríamos la privacidad y eliminaríamos un coste brutal que es enviar todas las papeletas a los domicilios. Son medidas lógicas, de racionalización del gasto. A partir de ahí, pondríamos barreras en la financiación. Ya hemos visto casos de dopaje pero para eso los órganos judiciales tendrían que perseguirlo como hacen ahora, pero habría que poner un tope. El tercer sistema es mixto, como el de Alemania. 

¿Por cuál apuesta usted?
Por uno público, como el que tenemos, pero con una norma más racionalizadora del gasto. 

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