El caso Rancho Grande: ¿Y sin no todo está perdido frente a los ocupas violentos?

Este viernes se cumplió una semana desde que los vecinos de El Serrallo se despertaron con el gran despliegue policial que precedía al desalojo de los ocupas del bloque conocido como el Rancho Grande. Una noticia esperada tras años de incidentes violentos, insalubridad y hasta una trifulca con heridos en plena calle.

Llegar a este punto no fue, ni mucho menos, trabajo de un día para otro, como reconoce el portavoz del gobierno municipal, Xavi Puig, quien explica que en las reuniones que tenían desde el principio del mandato con los vecinos de El Serrallo el problema del bloque aparecía antes que cualquier reivindicación. «Los vecinos fueron muy proactivos, insistieron mucho» dice.

En el trabajo previo al operativo se involucró a técnicos y representantes políticos de diferentes áreas del Ayuntamiento: servicios sociales, limpieza, espacios públicos, brigada municipal, Guàrdia Urbana, Nueva ciudadanía, arquitectura, ingeniería y alcaldía. «Trabajamos conjuntamente, aunque no es fácil que diferentes departamentos hablen entre sí», apunta.

Los mismos molinos

El concejal reconoce que por el camino tuvieron que probar diferentes caminos «pensamos en estrategias que luego no funcionaron», dice.

Una de esas estrategias fue tratar de dar con los dueños de los pisos ocupados para que denunciaran ante los juzgados. Esta es justamente la vía que tratan de seguir muchas comunidades de vecinos cuando tienen ocupas incívicos y que la mayoría de las veces muere antes de empezar por la dificultad de dar con la identidad de los propietarios, especialmente si se trata de bancos y fondos de inversión como en este caso.

El Ayuntamiento, pese a contar con técnicos y más medios, se topó con los mismos molinos, incluso tras poner anuncios públicos. Una vez conocida la identidad de los dueños (todos eran de bancos o fondos) la cosa no fue mejor. Hubo entidades que se mostraron predispuestas y otras que tiraron pelotas fuera. En el caso de los fondos de inversión, o fondos buitre, Puig explica que les llegaron a insinuar que no tenían el menor interés «porque no venden los pisos de uno en uno sino de 200 en 200, sin importar como estén».

Agotada esta vía se decidió entonces alegar los riesgos de seguridad del inmueble para que un juez decretara el desalojo. Se realizaron varios informes, incluido uno sobre el riesgo de incendio que suponían los empalmes ilegales de la electricidad. En cuanto a la salubridad valga recordar que hay una calle adyacente al bloque ya tuvo que ser cerrada al paso (continúa así) porque los ocupas tiraban constantemente la basura por la ventana.

«Se habían hecho fuertes»

«Se habían hecho fuertes y estaban contaminado toda la convivencia en el barrio, lo que no teníamos era tiempo» dice Puig.

Paralelamente, uno de los departamentos que estaba trabajando era el de Serveis Social. La concejal, Carla Aguilar Cunill, recuerda que previo al desalojo miembros del equipo hicieron trabajos de mediación en el lugar conjuntamente con la Guàrdia Urbana. También se contacto con la Mesa de Emergencia de la Generalitat.

Finalmente se vaciaron 15 pisos y 11 de las familias desalojadas se acogieron a las soluciones habitacionales de emergencia (pensiones, pisos y hoteles) que les ofrecía el Ayuntamiento. Aguilar explica que se está haciendo un trabajo con cada una (algunas ya eran usuarias de Serveis Socials) para acompañarles en la búsqueda de empleo o de ayudas sociales en el caso de que les correspondan, para que puedan trasladarse legalmente a otras viviendas con sus propios medios. Algunas, de hecho, ya lo han conseguido.

No obstante, Aguilar reconoce que casos como este demuestran que urge ampliar el parque de viviendas sociales de la ciudad.

A los pocos días del desalojo se conoció que algunos de los ocupas habían intentado ocupar en otras zonas de la ciudad. Puig señala que la Guàrdia Urbana está alerta, pero cree que con el desalojo del Rancho Grande se logró dispersarlos «y eso es otro escenario. Si detectamos actividades delictivas actuaremos».

Insiste, eso sí, igual que Aguilar-Cunill, en que no se trata de que el Ayuntamiento tenga una ‘campaña antiocupas’, ni que todas las personas que ocupan sean incívicas. Una distinción, entre ocupas ‘delincuenciales’ y por necesidad que, dicen, también se encuentran en el discurso de los vecinos.

¿Modelo exportable?

Alfonso López, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT), celebra el desalojo como una gran noticia para el barrio «que se ha quitado un conflicto muy grande de encima», pero cree que también «sería interesante que no bajaran la guardia» (el Ayuntamiento) y que se fijaran en casos similares que se dan en diferentes puntos de la ciudad. «Hay mucha gente viviendo en una cárcel en su propia casa» algo que, asegura ha aumentado tras la pandemia..

Los ocupas incívicos son una constante en la quejas que la federación recibe de las asociaciones de vecinos. Ellos, a su vez, las trasladan a la Guàrdia Urbana que toma nota aunque poco puede hacer si los propietarios, bancos o particulares, no denuncian. Les llegan casos de Sant Salvador, Campclar, Bonavista, la Part Alta...

Puig no cree que el caso del Rancho Grande sea exportable porque fue una «solución a medida», pero asegura que están abiertos a hablar con vecinos de otras zonas y ya están trabajando en la Part Alta. Carla Aguilar, por su parte, cree que el papel del ayuntamiento debería ser ayudar a los vecinos en la búsqueda de la responsabilidad de los propietarios de las viviendas ocupadas.

Fabian Huguet, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, considera que este caso demuestra que las administraciones, también las locales, pueden hacer más frente a «un problema muy serio que se nos está desmadrando».

Cree, por ejemplo, que las policías locales y autonómicas podrían ser más activas cuando se acaba de producir la ocupación, puesto que hay 48 horas de margen antes de que se considere que la vivienda se ha consolidado.

Considera que muchas veces las administraciones locales dejan de actuar por miedo a incumplir leyes «es mejor actuar y que luego sea un juez quien determine, en lugar de dejar de actuar por lo que pudiera ser» opina. Recuerda que las administraciones están para heces cumplir los derechos de todos, el derecho a la vivienda, pero también a la propiedad.