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La referencia a La Bisbal del Penedès que puede escucharse en la grabación de las conversaciones de presunta conspiración contra el independentismo entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el jefe de la oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso Laso, hace referencia a una polémica que precisamente hizo chocar a ERC, que tenía mayoría absoluta en la pasada legislatura, y a CiU, en la oposición.
El Ayuntamiento que presidía el republicano Josep Maria Puigibet impulsó la construcción de un punto verde para que los vecinos pudiesen llevar sus residuos de forma separada. En la zona, cercada y con cámaras de vigilancia, se instalaron depósitos para plástico, metales, aceites y otro tipo de materiales que podían reciclarse. Sin embargo, la adjudicación directa en julio de 2014 a la empresa Cespa, que ya realizaba la recogida de basuras en La Bisbal, motivó la denuncia de CiU a la oficina Antifraude.
Según la actual alcaldesa de CDC y entonces en la oposición Agnès Ferré, la adjudicación de la obra se hizo por unos 200.000 euros. Esa cantidad hubiese exigido convocar un concurso para la presentación de ofertas de empresas que quisiesen optar a las obras. “Sin embargo se adjudicó a Cespa de forma directa”, recuerda Ferré. En ese mismo momento la oposición de CiU ya denunció la situación y la puso en conocimiento de la Fiscalía Antifraude.
El pasado mes de abril la propia Ferré, ahora como alcaldesa preguntó en la oficina Antrifraude cómo estaba el tema de su denuncia por la adjudicación de la obra del punto verde. “Me respondieron que podrían tener una conclusión en breve”. La respuesta a la alcaldesa abría tres posibilidades, “que no hubiese delito, que se tratase de un error administrativo o que realmente hubiese un delito y en ese caso se llevaría el tema a la Fiscalía”.
Ferré, que ha escuchado las grabaciones a través de los medios, se sorprende que se diga que el caso de La Bisbal no suponía una gran cuantía económica. “Pues para La Bisbal del Penedès 200.000 euros es mucho dinero”, señala.
