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El coche, ¿lujo o herramienta de trabajo?

Aumenta la presión sobre los vehículos con medidas impositivas como el impuesto del CO2 en Catalunya, la subida del impuesto de matriculación o el sistema de peajes para el 2024

JOAN MORALES/AGENCIAS

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Imagen de la autovia A-7, ayer por la mañana, a su paso por el término municipal de Cambrils. FOTO: ALBA MARINÉ

Imagen de la autovia A-7, ayer por la mañana, a su paso por el término municipal de Cambrils. FOTO: ALBA MARINÉ

«El coche podría convertirse en un producto de lujo, cuando no debemos olvidar que el vehículo es una herramienta que, básicamente, se usa para trabajar». Son palabras del secretario de la Associació Empresarial de Tallers de Reparació i Venedors d’Automoció en la provincia de Tarragona (ASTAVE), Emili Beltran, ante la sucesión de noticias, durante las últimas semanas, sobre diferentes medidas de presión fiscal que afectarán en un futuro más o menos lejano al sector del automóvil.

El Gobierno central anunciaba la semana pasada –en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia para acceder a los fondos europeos– que en dos o tres años podría implantar un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado. Esta medida formaría parte de la ley de Movilidad y Financiación del Transporte, con la que el Ejecutivo pretende introducir en España los principios de «el que contamina paga» y «el que usa paga».

La excusa ofrecida por el Gobierno para sacarse de la manga estos peajes ha sido que los costes de conservación de la red de carreteras estatales son crecientes y que no es posible asumirlos de manera directa por los recursos presupuestarios, lo que estaría generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como un deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial.

Por ello entiende que imponer un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Precisamente este objetivo es el que se ha marcado el Govern de la Generalitat con el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) producidas por vehículos como los coches, las furgonetas o las motocicletas. El gobierno catalán prevé empezar a cobrarlo a partir del 15 de septiembre y el importe, en el caso de los turismos, irá desde los 6 hasta los 60 euros anuales y empezarán a pagarlo los coches con emisiones superiores a los 120 gramos por kilómetro.

Además, tal y como recordaban desde ASTAVE a finales de año, el nuevo método de cálculo de las emisiones de CO2 provoca un incremento del tipo impositivo a aplicar para la determinación del impuesto de matriculación, por lo que se producirá un incremento en el precio de venta de un «elevadísimo número de vehículos». Emili Beltran deja claro que «todas estas medidas impositivas nos parecen negativas» y recuerda al Gobierno central que si «plantea que hay que abrir un debate sobre el tema de los peajes, esperamos que se tenga en cuenta a los sectores implicados. Que nos escuchen», asegura el secretario de ASTAVE, quien añade que «nuestro sector genera un volumen de ocupación muy importante, tanto en la fabricación como en la venta y la reparación, algo que se tendría que tener en cuenta».

Desde la patronal del automóvil no acaban de entender que las administraciones echen mano del medioambiente para justificar estos nuevos impuestos ya que recuerdan que «el cuidado del medioambiente es necesario y estamos implicados en ello. Tenemos un desarrollo de vehículos con unos niveles de emisiones muy bajos, porque la aplicación de las normas europeas se está cumpliendo. Además de la apuesta clara por el vehículo eléctrico, que es una realidad», comenta Beltran.

Alegaciones del RACC

El Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC), aunque valora «positivamente» la voluntad de la Generalitat de apostar por un modelo de movilidad más sostenible, recuerda que presentaron alegaciones al impuesto del CO2 porque «tal y como está planteado no creemos que reduzca las emisiones de CO2».

Fuentes de esta histórica entidad automovilística explican al Diari que «al tratarse de un impuesto que grava la tenencia y no el uso del vehículo, los usuarios pagarán independientemente de si hacen muchos o pocos kilómetros y emisiones reales, por lo tanto no pagará quien contamine más».

Además, desde el RACC, aunque comparten el objetivo de este impuesto, han trasladado a la Generalitat la necesidad de que «se aplace su aplicación mientras se mantenga la actual situación económica, teniendo en cuenta que muchos ciudadanos ya están sufriendo una importante caída de sus ingresos debido a la crisis provocada por la pandemia».

Respecto a la propuesta del Gobierno de implantar los peajes en todo el Estado, desde el RACC constatan dos realidades contrapuestas. «Por un lado, los conductores ya están soportando una elevada carga fiscal, tanto por la tenencia como por el uso de los vehículos. Por otro lado, la red viaria sufre de una manifiesta falta de inversión en conservación y mantenimiento. Dicho de otra, forma, la carretera aporta mucho y recibe menos de lo que necesita. La explicación es simple: lo que se recauda se dedica a otros fines».

Por eso, para el RACC la solución más sencilla «sería dedicar la parte necesaria de lo que ya recauda a cubrir las necesidades de mantenimiento de la red viaria». Por último, considera «coherente un modelo de pago por uso, homogéneo para toda la red viaria de altas prestaciones, independientemente de la titularidad, basado en los principios de ‘quien usa paga’ y ‘quien contamina paga más’».

Quejas de los consumidores

Las reacciones sobre la imposición del nuevo sistema de peajes en toda España también han llegado desde las diferentes organizaciones de consumidores. En el caso de Facua, ésta ha rechazado la propuesta del Gobierno al considerar que «el mantenimiento de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado», no con un peaje que «supone un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica». Advierten que «esta medida afectará más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo, que sufrirán un perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública».

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